El Partido Popular en la Diputación de València pide condenar a los catorce investigados en el caso Alquería por los presuntos delitos de «organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», según el escrito de acusación provisional presentado por el abogado del PP, Vicente Ibor, ante el Juzgado de Instrucción 9.
Unos delitos que, a juicio de los populares, suponen 18 años de cárcel y otros 15 de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez. La misma pena que solicitan para los exgerentes de la empresa de la institución provincial Imelsa-Divalterra: José Ramón Tiller y Agustina Brines, por impulsar los siete contratos de altos cargos presuntamente irregulares que se investigan.
Para el resto de investigados en el caso Alquería reclaman 15 años de cárcel y multa de 4.800 euros para el ex jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart y el letrado Jorge Cuerda, el exgerente, Vicent Xavier Simón y los ocho altos directivos contratados entre 2016 y 2018.
Los populares se adhieren a la tesis del juez y de la Fiscalía Anticorrupción que consideran que Rodríguez «una vez fue nombrado presidente de la diputación tras las elecciones de 25 de mayo de 2015 y presidente del consejo de administración de Imelsa, hoy Divalterra, organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública, asignando en este irregular esquema un reparto de las áreas de gestión por afinidades políticas vinculadas al PSPV-PSOE y a Compromís y no por razones profesionales».
También defiende que los nombramientos de altos directivos se hicieron «para que ocuparan un cargo ficticio o simulado, sin funciones propias de la alta dirección en los términos legales y jurisprudenciales» ya que los elegidos carecían de «los necesarios poderes para el ejercicio de la alta dirección para la que habían sido contratados y de hecho nunca tomaron decisiones fundamentales o estratégicas con independencia de que exista un acto formal de apoderamiento».
Sobre esta acusación, Joan Sanchis, diputado de la Vall Ens Uneix en la Diputación de Valencia (formación que creó Rodríguez tras su salida del PSPV) mostró su «indignación y estupor» y defendió que «responde a la técnica del ventilador para echar humo y tapar los casos de corrupción que tiene actualmente el PP».
