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Expertos en salud mental rechazan el centro psiquiátrico de Siete Aguas

Las obras de la prisión «Levante II», paradas desde 2012, se retomarán para reconvertir el proyecto en el hospital para personas condenadas con trastornos graves más grande del país

Expertos en salud mental rechazan el centro psiquiátrico de Siete AguasFernando Bustamante

Un Hospital Psiquiátrico Penitenciario. El proyecto de construir una nueva prisión en Siete Aguas, bautizada como «Levante II», adjudicado por el Gobierno en 2010 y paralizado en 2012 con los trabajos a mitad y 14,5 millones invertidos en ladrillo volverá a reactivar su construcción. Sin embargo, en el espacio de 70.000 metros cuadrados se contempla ahora, nueve años después, instaurar un nuevo modelo de institución penitenciaria, un hospital psiquiátrico pensado para custodiar a 500 personas con trastornos mentales graves. Así lo ha confirmado la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) a través de la publicación del pliego de condiciones de la obra.

Las entidades especializadas en salud mental de España no han tardado en reaccionar y se han opuesto rotundamente a la apertura de un centro de estas características, en el que se invertirán 733.000 euros. Todas a una (más de cincuenta organizaciones) se han reunido para exponer los argumentos de su oposición y los pasos a seguir para tratar de evitar que el nuevo centro sea una realidad. Las razones son contundentes.

En primer lugar, según explican desde la asociación Àmbit, especializada en salud mental, recuperación y reinserción, apuntan que las prisiones «no pueden ni deben ser un espacio para personas con trastornos mentales graves». Además, añaden que la Estrategia de Salud Mental Estatal así lo concibe. De hecho, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias manifiesta que las prisiones no son el espacio para las personas con problemas de salud mental aunque reconoce que «todavía se siguen condenando a personas con trastornos mentales graves a penas de prisión», tal y como se extrae del documento de su programa de reinserción «Puente Extendido».

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El 25,6 % de los internos tiene recogido uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica. Este porcentaje se eleva a 49,6 % (uno de cada dos) si se consieran los antecedentes de abuso o dependencia de drogas. Sin embargo, según denuncian las asociaciones expertas, las prisiones españolas cuentan con un sistema de atención primaria muy deficitario que no puede dar respuesta a las necesidades reales. La atención sanitaria en los centros penitenciarios está «bajo mínimos».

«La mayoría de las acciones se hacen desde entidades sin ánimo de lucro, por eso, lo primordial es aumentar recursos en las instalaciones existentes y no invertir en ladrillo», opina Javier Vilalta, director de la asociación Àmbit. De los 23 médicos que tendría que haber en Picassent, la realidad es que solo hay cinco. Algo que, dicen, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria lleva años denunciando. Sin embargo, el planteamiento de centro sobre el papel, cumple las condiciones para ser «ideal» para la recuperación.

Un centro que «nace para sanar»

 El centro psiquiátrico penitenciario estará diseñado por arquitectos, médicos y psicólogos y busca un «modelo alternativo» para «sanar» a las personas internas y posteriormente «reintegrarlas en la sociedad» a través de «un sistema de espacios libres» como base de la estrategia terapéutica, según se describe en el ante proyecto. Se aprovecharán las estructuras de hormigón existentes para «transformarlas en edificios terapéuticos». 500 internos en diez unidades terapéuticas de 50 personas. Diferentes espacios adaptados a las necesidades de cada enfermo. En este centro se buscará la recuperación «alternativa» a través el fomento de la interacción con profesionales y la disminución del tratamiento con farmacología.

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