«Esta ley no es obligatoria. No limita ninguna libertad, las amplía, nos hace dueños de nuestra vida hasta el final». Son palabras de Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del grupo socialista en el Senado por València, y del equipo que ha defendido la aprobación de la eutanasia ante los órganos legislativos. Una aprobación que se consumó ayer en el Congreso de los Diputados con la única oposición de PP y Vox y que convierte a España en el cuarto país de la Unión Europea en despenalizar la muerte asistida.
La norma, que se hará efectiva en tres meses, dará respuesta a una reivindicación histórica de personas y colectivos que reclaman desde hace décadas el «derecho a morir dignamente».
Más de veinte años después de que Ramón Sampedro abriera el debate sobre la eutanasia en España, ayer se hizo efectiva la regulación que permitirá asistir a personas que deseen poner fin a su vida en circunstancias determinadas.
De Lucas defiende que la norma quiere ayudar a morir a aquellas personas que «sufren padecimientos tan crueles y terribles que les hacen perder su dignidad». Una ley, asegura el senador por València, «repleta de garantías para poder otorgar a las personas en situación imposibilitante el derecho a morir dignamente».
Comisión evaluadora
Las peticiones se evaluarán en una comisión, compuesta de personal sanitario y un jurista, que comprobará si «la petición es libre y no está coaccionada por terceras personas». Una nueva asistencia incluida en la cartera de competencias del sistema público de salud. Fuera de la pena y la clandestinidad.
De Lucas apunta que esta nueva ley es «todo un acto de libertad, de decisión del propio destino», pero entiende que las normas que «afectan a la vida y a convicciones y emociones preocupen a un sector de la población», aunque cree que la aceptación de este nuevo derecho reconocido vendrá con un proceso de pedagogía cívica.
Compara, aunque con cautela, esta norma con la ya aprobada ley del aborto. «Con los años se ha normalizado. Hay gente que se posiciona en contra, eso está muy bien y es respetable, igual que lo es tener la libertad de abortar o de acabar dignamente con tu vida».
Buenas prácticas
De hecho, los sanitarios que no estén de acuerdo con la asistencia a la muerte, podrán abstenerse de consumar este proceso. Con las buenas prácticas, asegura, se mejorarán las garantías y la gente «se dará cuenta de que la eutanasia es una libertad y no un deber, pues el Estado no puede imponer el ‘deber’ de vivir».
Por su parte, María José Alemany, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana, celebra la aprobación definitiva ayer de la ley en el Congreso de los Diputados al tiempo que destaca la necesidad de ultimar los protocolos para garantizar un proceso «sin juzgar» la decisión de la persona que abogue por poner fin a su sufrimiento.
«Esta norma permitirá a las personas en situación imposibilitante reclamar un fin digno antes de que llegue el momento en el que no tengan voluntad de decidir», asevera.
La despenalización de la eutanasia llega tras años de reivindicaciones y reclamos: «No puede ser que seamos dueños de nuestra vida y no de nuestra muerte. La muerte es nuestro destino y se trata de que todo el mundo pueda llegar a él de una manera digna», concluye Javier de Lucas. Y acaba: «no hay nadie indigno de la vida, lo indigno es el sufrimiento que hace insoportable la propia existencia».
