La empresa pública que más culebrones políticos y judiciales por metro cuadrado ha producido en el último lustro, la misma que se ha llevado por delante a dos presidentes de la Diputación de València consecutivos, tiene los días contados. Toni Gaspar activó ayer el botón de demolición con un anuncio que cogió por sorpresa a buena parte de los diputados presentes en la junta general de Divalterra. El máximo dirigente de la corporación provincial ha ido gestando la decisión desde la máxima discreción, cansado de los inagotables quebraderos de cabeza provocados por una estructura societaria y unas dinámicas de funcionamiento heredadas de la antigua Imelsa que habían convertido en ingobernable una entidad incapaz de quitarse de encima las sospechas de ser un coladero de irregularidades.
El inicio del proceso de disolución, liquidación y extinción de la sociedad va ligado a la búsqueda de un nuevo acomodo dentro de la diputación para el personal de Divalterra, cuya estructura está compuesta por 700 puestos de trabajo, casi 600 de ellos indefinidos, de los cuales más de 500 son brigadistas forestales.
No habrá despidos
Los planes pasan por reubicar a la totalidad de este colectivo en el Consorcio Provincial de Bomberos, un organismo autónomo controlado directamente por la diputación que se rige por el derecho público y no por el mercantil. Gaspar tranquilizó a los trabajadores a través de una carta en la que indicó que no habrá despidos.
A falta de definirse la letra pequeña, la salida planteada cuenta con el respaldo del comité de empresa y de los sindicatos de Divalterra , que piden estabilidad y manifiestan su hartazgo por la hipoteca reputacional de la empresa y las continuas polémicas en las que se ha visto envuelta. Tanto Gaspar como la vicepresidenta de la diputación y responsable del Consorcio de Bomberos, Mª Josep Amigó (Compromís), garantizaron ayer que se preservarán los derechos laborales del personal.
El expresidente de la diputación, Jorge Rodríguez, ya planteó en 2016 el traspaso de los brigadistas al Consorcio, pero el entonces responsable, Josep Bort (Compromís), frenó la operación por las dudas legales sobre la posibilidad de asumir tal cantidad de trabajadores procedentes de una empresa.
En 2018, tras el estallido del caso Alquería, Toni Gaspar, nombró un nuevo consejo de administración en Divalterra con más peso de técnicos que de políticos. Pero los enredos no han dejado de sucederse y los últimos acontecimientos han demostrado que el equipo de gobierno había perdido el control del ente frente a la posición de poder de determinados cargos que entraron a dedo con el «yonqui del dinero». En 2020, el presidente abrió un proceso para decidir la transformación de la firma en una entidad directamente controlada por la diputación, pero las discrepancias entre el secretario y el interventor sobre la fórmula jurídica adecuada para dar encaje a los brigadistas retasó la operación y condujo a un callejón sin salida. Gaspar pidió a ambos funcionarios que se pusieran de acuerdo.
El resultado es un informe en el que ahora se apoya para firmar la sentencia de muerte de Divalterra. Según la hoja de ruta trazada, en los próximos días se convocará una comisión informativa para abordar el asunto y, en breve, está previsto someter al pleno la destitución de los miembros del consejo de administración y el nombramiento de los liquidadores de la sociedad.
Gaspar anunció la disolución en una junta general extraordinaria forzada por la oposición tras la última crisis por las presuntas irregularidades en el proceso de selección de la jefa de Personal de Divalterra, que ha desembocado en el cese del gerente.
El PP interpretó el movimiento de ayer como un intento de tapar este caso y llevará a la Fiscalía las supuestas presiones políticas en el procedimiento, y pidió la destitución del presidente del consejo y del jefe jurídico. Cs también exigió el cese de este último y que se depuren responsabilidades judiciales. La Vall ens Uneix advirtió de que estará vigilante para que no se conviertan en funcionarios los «enchufado que han acabado con la empresa».
