La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática firmo ayer el primer convenio de la democracia con la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas (FAGA) de la Comunitat Valenciana que permitirá hacer un «diagnóstico de la situación de la población gitana en materia de vivienda para intentar erradicar el chabolismo y la reducción de la infravivienda, facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar las condiciones de vida de los barrios» que habitan y «acabar con la segregación».
Se trata de un convenio que el tío Francisco (hombre de respeto), Francisco Santiago Camacho había «intentado con todos los presidentes de la Generalitat» desde el principio de la democracia pero que no había logrado. «Se han dado pasos, pero no se ha hecho todo lo que se decía que se iba a hacer», aseguró el «Tío Francisco» tras la firma del convenio con el vicepresidente tercero y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. «Con otros consellers me reunía una vez cada legislatura, con éste ya me he reunido tres veces en un año», aseguró el vicepresidente de la FAGA, que aportará entre seis y siete representantes a la comisión de seguimiento del convenio para «garantizar su aplicación, interpretación, obligación, resolver dudas y dirimir las controversias que puedan surgir». El acuerdo incluye explícitamente «la mirada de género mediante la adhesión explícita de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi València, adscrita a FAGA. Porque, como muestran los indicadores sociales, el rostro más común de la pobreza y de la exclusión social es el de una mujer racializada», destacó Dalmau.
El pueblo gitano habita «entre el 60 % y 70 % de las 15.098 viviendas del parque público de la Generalitat», según Vivienda. Y ahora tendrán voz en las mejoras que se acometan en los barrios que habitan.
