La Fiscalía Anticorrupción se opone a los recursos interpuestos por los procesados en una de las piezas del caso Taula, la relativa a las adjudicaciones a la empresa Thematica Events, y lamentado las críticas al cierre de piezas tras cinco años de instrucción: «Es un reproche a la celeridad de la justicia». Así se desprende de los escritos que ha presentado la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 18 de València tras el procesamiento de la primera pieza del caso Taula (la J), que se dirige contra el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, exgerente de la que fuera empresa pública Imelsa; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina, y otras siete personas más.
El Fiscal Anticorrupción se opone al recurso del exdirector financiero de Imelsa Enrique Montblanch y lamenta sus afirmaciones respecto al cierre de la instrucción: «Su alegación respecto al cierre anticipado, más que un motivo de recurso contra el auto de procedimiento abreviado, es un reproche en este caso a la celeridad de la justicia, que lejos de tener cabida en los motivos de impugnación, se convierte en una exposición que no se dirige a combatir los hechos punibles por los que se ha dictado el auto».
Además, recuerda que Montblanch está investigado desde el inicio de las actuaciones por ser el responsable de un departamento financiero que «permitió la sustracción indiscriminada de dinero público» y «ha tenido cinco años para revisar y comprobar las actuaciones».
El fiscal también se opone al recurso presentado por Rafael García Barat, administrador de Thematica Events, mercantil en la que participaba el ‘yonki del dinero’ y sobre la que giran todas la adjudicaciones cuestionadas en la pieza. El fiscal se apoya en varias de las confesiones realizadas por Benavent para desmontar los argumentos del procesado y vuelve a resaltar los informes policiales que apuntan a pagos de Thematica al PP.
Elfiscal cuestiona las facturas aportadas ahora por García Barat respecto a los trabajos efectuados en las campañas electorales de los años 2007 y 2008 para el PP: «Al margen de que resulta insólito que se aporte en recurso de apelación tras cinco años de instrucción, y tras haberse realizado entradas y registros en su domicilio, sede social e incautarse ordenadores personales y de su empresa, en ningún caso acreditan nada respecto a su abono, forma de pago y persona que lo asume, ni que hayan sido pagadas por el PP, al contrario, siguen en la línea de la investigación efectuada».
