Expertos y varios miembros del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana coincidieron ayer en las Corts en defender la necesidad de reforzar este organismo de forma que tenga la capacidad para hacer cumplir sus resoluciones. La vía para hacerlo sería dotar a este organismo de capacidad sancionadora.
Los testimonios los ofrecieron en las comparecencias en la fase de participación ciudadana del procedimiento de elaboración de la proposición de ley de Transparencia y Buen Gobierno que impulsa el Botànic celebrada ayer.
El experto en Transparencia, el alcoyano Miguel Ángel Blanes, que es técnico jurídico de la Sindicatura de Greuges y autor de una tesis doctoral sobre esta cuestión, señaló que se ha detectado un aumento del incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y que el 25 por ciento de las que dicta no se cumplen. Añadió que no es una cuestión exclusivamente valenciana y que afecta a otros organismos de este tipo que tampoco tienen capacidad sancionadora.
El experto señaló al incumplimiento de las resoluciones como uno de los problemas que arrastra el Consejo de Transparencia, mientras que algunos de sus miembros como Emilia Bolinches o Carlos Flores Juberías defendieron también la opción de poder imponer multas coercitivas para dar mayor fortaleza al organismo.
Y también criticaron que el consejo no sea una prioridad para la Conselleria de Participación y Transparencia a la que reprochan que no dote del personal suficiente a la oficina del consejo. Ambos se mostraron críticos con algunos de los preceptos de la actual ley. Flores consideró que es absurdo pretender que las resoluciones que adopta el consejo se cumplan por parte de las instituciones cuando la capacidad sancionadora es cero y señaló que, por ejemplo, los ayuntamientos que incumplen las resoluciones solo tienen que dar cuentas a sus plenos por lo que no hay castigo posible.
Una nueva legislación
Fuentes de la Conselleria de Participación que dirige Rosa Pérez Garijo señalaron su satisfacción porque el consejo se ha consolidado y admitieron que es cierto que existen dificultades aunque algunas vienen motivadas por la propia ley y esperan que mejore con la nueva regulación.
Añaden que entienden la necesidad de que el organismo disponga de una oficina técnica más potente, pero sostienen que la falta de personal es un problema de toda la Administración valenciana. Y remarcan que la conselleria siempre ha sido muy sensible con los integrantes del Consejo valenciano de Transparencia.
