La izquierda ha reaccionado con contundencia contra el PP, y en concreto, contra el presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del partido, Carlos Mazón. El PSPV y Compromís han encontrado un jugoso filón con el que poder poner en el disparadero al dirigente provincial en su carrera hacia el congreso regional del PP.
En esa estrategia, los partidos de la diputación, con el visto bueno de València, han convocado a alcaldes, concejales y dirigentes políticos de los 141 municipios alicantinos a una concentración que tendrá lugar el próximo 29 de abril en la puerta de cada uno de los ayuntamientos.
El creciente clima de confrontación de Carlos Mazón contra el Botànic y el apoyo que está recibiendo de Génova para convertirse en el nuevo presidente del PP regional han llevado a la izquierda a dar un golpe de efecto para exponer la crudeza de la situación que viven los municipios alicantinos.
PSPV y Compromís han decidido dirigir sus críticas hacia lo que su adversario está convirtiendo en su altavoz: la Diputación de Alicante. Es ahí hacia donde van a atacar para mostrar sus debilidades.
Sin 70 millones del fondo local
Los portavoces en la diputación alicantina de PSPV y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana, han hecho un frente común para trasladar las críticas de los alcaldes por la decisión del PP de no sumarse durante cinco años al Fondo de Cooperación y dejar a la provincia con 70 millones menos de lo que habría percibido a través de este plan que impulsa el Consell. Pero las quejas no solo se quedan en este asunto.
Los dirigentes se concentrarán para denunciar el retraso en el reparto de subvenciones del Plan Resistir, las ayudas por la DANA que 18 meses después del temporal siguen sin pagarse, o el colapso de los planes de obras. Gran parte de las denuncias están centradas en el Plan +Cerca, que gestiona Cs, y que sigue sin resolverse pese a que los ayuntamientos tienen hasta principios de noviembre para poder ejecutar las obras.
Respecto a este programa inversor, PSPV y Compromís recordaron ayer que desde la diputación se ha hecho una normativa que reclama a los pueblos a acabar las obras en siete meses pese a que, a fecha de hoy, siguen sin contar con la información.
