La sección 4ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha admitido a trámite un nuevo recurso de casación presentado por la Agencia Valenciana Antifraude contra la sentencia que en 2020 obligó al organismo fiscalizador a entregar al PP expedientes bajo investigación relativos a la concesión de ayudas al fomento del valenciano a empresas de Morella ligadas a Francis Puig.
En un auto emitido el pasado lunes, el Tsjcv acuerda «tener por preparado» el recurso de casación interpuesto y emplaza a las partes para que comparezcan en sede judicial en el plazo de 30 días.
Recientemente, el Supremo rechazó un escrito de apelación de la Agencia frente a la demanda del PP, pero el ente dirigido por Joan Llinares defiende que la sentencia en cuestión sigue sin ser firme, a la espera de un nuevo dictamen sobre una posible infracción normativa.
Antifraude mantiene que la entrega de los expedientes de investigación que están abiertos y en curso «va en contra del deber de confidencialidad» estipulado en su ley creadora, porque puede «poner en peligro el desarrollo y éxito de su propia labor investigadora», ante el peligro que supondría dejar al descubierto hechos y actuaciones que están siendo investigados mientras se recaban las pruebas pertinentes. La entidad reivindica su carácter de autoridad pública y sus potestades en la lucha contra la corrupción, que afecta también a los partidos políticos, los cuales entran dentro de su ámbito de intervención.
Revelación de identidades
La Agencia advierte de que hacer entrega de los expedientes de investigación puede acabar desvelando «en muchos casos, directa o indirectamente», la identidad de las personas denunciantes y colaboradoras en la investigación, así como de aquellas otras que pudieran estar siendo investigadas, «con la repercusiones y represalias que esto podría suponer de afectación a sus derechos constitucionales », insiste el organismo, a juicio del cual sus expedientes de investigación «solo se pueden entregar a la autoridad judicial».
Proporcionar la citada información a un grupo político, zanja Antifraude en un comunicado, «va en contra de la posición mantenida por el propio Ministerio Fiscal, de la Directiva de protección de los denunciantes y de las Declaraciones que ha venido aprobando la Red Europea de Autoridades de Integridad y Protección de Alertadores (NEIWA) compuesta por autoridades públicas».
