Jaime María Febrer, el constructor considerado epicentro de la trama de corrupción urbanística que investigan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción 13 de València en la llamada Operación Azud II, también intentó hacer negocio con la vivienda de protección oficial. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, a partir de sus agendas y de la documentación intervenida en la primavera de 2019 en el Ayuntamiento de València y en varios despachos profesionales y mercantiles, han permitido seguirle la pista en esta operación urbanística que tampoco fue fructífera.
Una de las vías de negocio que puso —o trató de poner— en marcha fue obtener el derecho de superficie —o de vuelo— en parcelas municipales reservadas para construir viviendas de protección oficial (VPO). Esa es una de las modalidades de operación urbanística que intentó apañar ganándose el favor de quienes podían decidirlo en el ayuntamiento, a través del presunto pago de mordidas y la entrega de generosos regalos en Navidad.
El segundo método que habría puesto en marcha Febrer a través de su empresa matriz, Construcciones Valencia Constitución (CVC), habría sido adquirir la titularidad de esas parcelas públicas —y no solo el derecho a construir sobre ellas—, pero sin pasar por los férreos cauces reglamentarios. En este caso, cuando se trataba de comprar el terreno, negociaba después con otras mercantiles tanto la construcción de vivienda protegida como residencial.
Los convenios para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial se habrían celebrado a través de la empresa municipal Aumsa (Actuaciones urbanas municipales sociedad anónima). Este acuerdo, explicado de forma sencilla, consistía en que el Ayuntamiento de València cobraba un canon (ridículo, según las fuentes consultadas por Levante-EMV) por el suelo —que seguía siendo de titularidad pública— y cedía el derecho de superficie a los promotores para que construyeran vivienda de protección oficial, la eterna asignatura pendiente en la ciudad de València.
A esta convocatoria realizada por el Ayuntamiento de València habrían concurrido promotores que han acabado investigados en el caso Azud, como Jaime María Febrer, considerado el centro de la trama por conseguir presuntamente adjudicaciones a costa de cohechos y regalos a políticos y funcionarios, pero también empresas de las familias Ferrando y Montoro, dos de cuyso miembros están investigados en esta causa.
Se trataba, según consta en la hemeroteca de Levante-EMV, de garantizar la oferta de VPO en barrios de nueva creación como Quatre Carreres, Patraix y Moreras. La iniciativa no salió adelante porque el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2008 dieron al traste con el objetivo de construir entre 500 y 800 VPO en la ciudad de València.
