La proposición de ley sobre economía circular que se tramita en las Corts y cuyo objetivo es tratar de fomentar al máximo la reutilización de envases, principalmente de vidrio, aún tardará en ver la luz ya que en buena medida queda supeditada a que el Gobierno central apruebe su propia ley de residuos.
La decisión, aseguran desde las fuerzas parlamentarias del PSPV, Compromís y Unides Podem, ya estaba tomada de antemano, pero, en todo caso, es insorteable después del duro dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que destripa la iniciativa impulsada desde el tripartito.
El informe jurídico, tal como informó ayer este diario, obliga a los partidos que conforman el Botànic a cambiar de arriba abajo su ley ya que está trufado de observaciones esenciales. Así, tumba la regulación valenciana sobre recuperación de envases reutilizables, así como otras figuras como la responsabilidad ampliada del productor al entender que afecta a cuestiones que están afectadas por la nueva legislación.
La ley estatal de residuos se encuentra en el Congreso de los Diputados. Una vez entre en vigor (se espera para otoño de este año), se abrirá el periodo de enmiendas para incorporar cambios y amoldarse a la regulación estatal. Será el momento de enmendar a fondo una ley tan compleja como controvertida y que ha levantado ampollas en el mundo empresarial. El tripartito se esforzó ayer en situar en la normalidad ante el informe del Jurídic al subrayar que todavía se está en fase de redacción de la ley.
Imagen de unidad
Los responsables de esta materia en las Corts mantuvieron una reunión telemática para abordar el dictamen y motrar una imagen de unidad. Se seguirá, insistieron, la hoja de ruta. Primero, las comparecencias (excepcionalmente, se dará voz a 22 colectivos interesados) y después del verano, y una vez se apruebe, la ley estatal, el periodo de enmiendas. Esta será, en realidad la fase clave, y donde podrían reorientarse con el sosten del dictamen jurídico cuestiones claves. También está pendiente el informe del Comité Económico y Social.
Cabe recordar que aunque la proposición se presentó de forma conjunta, existen discrepancias internas sobre cómo regular todo lo que tiene que ver con los residuos. Desde el PSPV, que condicionó su apoyo al texto a que este pasara por el filtro del Jurídic (no es obligatorio en el caso de las proposiciones de ley) podría ser el momento de corregir un texto que, aunque forma parte del negociado de Compromís (de quién depende la Conselleria de Transición Ecológica), tiene como principal impulsor a Unides Podem. De hecho, este grupo llegó a presentarla en solitario en la anterior legislatura.
Beatriz Gascó (Unides Podem) defendió que se trata de un proceso «abierto» y apuntó que han mantenido numerosas reuniones con sectores afectados.Advirtió que pese a querer ser propositivos, la ley es urgente y los plazos que marca Europa para abordar el problema de los residuos están a la vuelta de la esquina, el primero en diciembre de 2022.
Graciela Ferrer (Compromís) defendió haber tramitado la ley antes de la estatal porque de esta manera serán rápidos en su adecuación e indicó que se estudiará en profunidad el dictamen. Paco Gil (PSPV) consideró básico el dictamen del CJC p ara tener seguridad jurídica y puso en valor el proceso transparente y participacito realizado.
