La Inspección General de Servicios, órgano de control interno dependiente de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, tendrá que intervenir para dar respuesta a varias quejas presentadas por la ciudadanía y que se han quedado sin resolver por inacción de varias conselleries. Según un informe hecho p público recientemente, varios departamentos de la Generalitat han incumplido su deber de responder en el plazo de un mes a aquellas personas que han reclamado una explicación por el mal funcionamiento de los servicios públicos.
El Consell del Botànic aprobó en 2016 el decreto del 15 de abril por el que se establece el sistema de mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat. Se trata de un norma en la que se ataba a las distintas unidades administrativas al compromiso de responder en un plazo de un mes a aquellas personas que manifestaran su disconformidad por un servicio o trámite administrativo. En caso de no dar respuesta, este decreto daba la oportunidad a la persona interesada de presentar otra vez su queja, en esta ocasión, ante la Inspección de Servicios.
Según consta en la documentación, doce conselleries han obviado su deber de respuesta, por lo que la inspección examinará ahora estos escritos. Se trata de las conselleries de Sanitat, Igualdad y Políticas Inclusivas, Educación y Justicia, el propio departamento del que depende el órgano de control interno.
Según se detalla en la actuación reflejada por el órgano de control interno, las quejas son variadas pero tienen que ver con el deficiente funcionamiento de algunos servicios. Así por ejemplo, existen quejas asistenciales en el ámbito sanitario y otras relacionadas con el retraso de la administración a la hora de resolver ayudas, como por ejemplo, las pensiones no contributivas o la renta valenciana de inclusión.
