La Agencia Antifraude que preside Joan Llinares respaldó ayer la propuesta de Presidencia de la Generalitat de incorporar al funcionariado en el decreto que desarrolla ley que regula la actividad de los grupos de interés, de tal manera que el colectivo, al igual que los altos cargos, tengan la obligación de notificar sus contactos con lobbies.
En declaraciones a este diario, Llinares apuntó que la agencia está a favor de reforzar la normativa para mejorar los marcos de integridad en las Administraciones y, para ello, creen que la cúpula funcionarial tiene que estar sujeta a los mismos controles que los cargos políticos ya que tiene un importante poder en la gestión del día a día. «Si los grupos de presión quieren reunirse con ciertos funcionarios por algo será», apuntó Llinares, quien recordó que ya Antifraude se pronunció a favor de incrementar el control sobre este colectivo para evitar conflictos de intereses.
Tal como informó ayer este diario, Presidencia, que no presentó en su momento alegaciones al decreto de la Conselleria de Participación y Transparencia, se ha descolgado con un listado de peticiones, algunas de técnica jurídica, pero otras de calado, como es incluir al personal empleado público en el régimen de control que diseña para miembros del Consell y segundo escalón en su relación con aquellas entidades (empresariales o no) que se relacionan con la Generalitat para tratar de influir en la toma de decisiones.
Interés por bloquear el decreto
El departamento que dirige Rosa Pérez cree que cree que esta petición, junto con un par más de cierto calado (eliminar el anonimato del canal de denuncias), esconde un interés del Palau de la Generalitat de seguir bloqueando un decreto que estaba con el expediente completo y a punto de ser sometido a la votación del pleno. De hecho, la norma volvió a quedarse ayer encima de la mesa de la reunión de las subsecretarías, por lo que no irá al pleno del Consell de hoy.
El asunto de la inclusión del funcionariado es controvertido jurídicamente. Sin entrar en el fondo de la cuestión, Transparencia alega que esto supondría un cambio sustancial y obligaría a detraer el decreto al inicio de su tramitación. Algo que, lamentan retrasaría aún más la puesta en marcha de una ley, que acumula ya años de retraso, y que la Unión Europea considera básica para garantizar una buena gestión de los fondos europeos.
Sea cual sea el objetivo real de Presidencia, su petición abre un melón importante ya que salpica a un colectivo con mucho poder en el entramado administrativa. Hasta ahora el Botànic ha esquivado este polvorín. Lo hizo con la ley de incompatibilidades de altos cargos. El primer borrador que surgió de las Corts incluía en su régimen al personal asesor y al escalafón funcionarial, pero los sindicatos pusieron el grito en el cielo y el tripartito rectificó. En la anterior legislatura, el departamento que dirigía Manuel Alcaraz, sacó adelante la ley de lobbies con el foco puesto sólo en cargos públicos.
Antifraude ya se pronunció en su momento sobre el error de dejar fuera de la ley de conflicto de intereses a la «tecnoestructura», término que usa Llinares para referirse a ese personal directivo, pero no político cuya actividad influye en la toma de decisiones políticas. Cargos funcionariales en puestos laves que hacen informes, manejan documentación y auxilian a los altos cargos en sus decisiones. Para Antifraude este personal es objeto de deseo de los grupos de presión, por lo que deben tener la misma vigilancia que altos cargos a los cuales a su vez influyen.
