La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha anunciado hoy que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la normativa que hasta el momento impide dos situaciones que, para ellos, son fundamentales para que se recupere la "normalidad" en las residencias. Se trata del contacto físico entre familiares que visitan a usuarios y que se declaren disponibles 1.400 plazas que en la actualidad todavía están bloqueadas para utilizar como lugares de aislamiento en caso de brotes de covid-19.

El principal ente de empresarios de residencias valencianas ha indicado en un comunicado que el recurso contencioso-administrativo que pedirá que se aprueben como "medidas cautelares" el contacto físico en un entorno seguro y la eliminación de la reserva de ese casi millar y medio de lugares para aislamiento y que, según Aerte, permitirían atender a muchas personas que lo necesitan y que en la actualidad no tienen hueco en las residencias. La normativa vigente es del 8 de abril pasado y Aerte ha recalcado que hay "evidencias" para cambiarla, transcurridos dos meses.

La vacunación de ese sector de la población finalizó con éxito a finales de marzo y desde entonces apenas ha habido una treintena de casos de coronavirus entre los residentes en la Comunitat. La semana pasada, Aerte y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas expusieron versiones diferentes sobre por qué no se avanzaba en la normalización del régimen de visitas y salidas de los usuarios, algo que reclamó la Plataforma Estatal de Organizaciones y Usuarias de Residencias. Los familiares, que ahora pueden ver a sus familiares entre una y dos veces por semana dependiendo del centro, consideran que la normativa actual es "ambigua" y permite a las residencias imponer criterios restrictivos. La patronal aseguró después estar del lado de los familiares para que haya mayor flexibilización y la Generalitat afirmó que los centros debían recuperar la "normalidad" pero siempre dentro de los escenarios de distancia social que todavía rigen en España y que vienen dictados a través del consejo interterritorial.

“La vicepresidenta Oltra dijo hace diez días que había espacio para seguir avanzando y, sin embargo, todo sigue igual. Pero, al menos, nos ha contestado públicamente. La Consellería de Sanidad ni siquiera ha respondido a los correos pidiendo una reunión. Los residentes, las familias y los profesionales ya están agotados y no entienden que no se cambie la normativa. No nos ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, ha asegurado el presidente de Aerte, José María Toro.

Las otras dos peticiones a la Justicia por parte de Aerte son la necesidad de alcanzar un 95% de vacunación entre todas las personas del centro para considerarlo de vacunación completa y la posibilidad de hacer ingresos en centros con brotes, cuando estén controlados.