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El partido de Oltra profundiza la escalada verbal por la financiación

"El 'simpa' del Gobierno central es inconcebible en una democracia avanzada y debe cesar ya", manifiesta Iniciativa

Imagen de la última asamblea de Iniciativa del Poble Valencià.

Iniciativa del Poble Valencià-Compromís se ha sumado a la escalada de críticas de los socios del PSPV contra el Gobierno central por el último aplazamiento de la reforma de la financiación autonómica, a través de un duro comunicado en el que acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir el artículo 156 de la Constitución que garantiza que las comunidades tengan autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias.

"¿Cómo se puede prolongar tanto en el tiempo un reparto de fondos que empobrece sistemáticamente territorios como el valenciano? Estamos ante un simpa en toda regla del gobierno central al pueblo valenciano que es inconcebible en una democracia avanzada y debe cesar ya porque afecta a los servicios básicos que recibe la ciudadanía en el territorio valenciano", han manifestado desde el partido de Mónica Oltra después de la reunión telemática de su Consell Executiu celebrada ayer.

Iniciativa exige al Gobierno que cumpla con el acuerdo del Congreso que emplaza al Ejecutivo central a poner sobre la mesa, antes de que acabe el año, una propuesta de financiación autonómica que sustituya la actual. Una propuesta que no tiene por qué ser definitiva, pero que mostraría la voluntad del gobierno central de avanzar en este camino, cumpliendo la resolución del Congreso y el acuerdo de investidura entre el PSOE y Compromís.

Para la formación, "la reactivación económica necesita de fondos europeos como los que ya se han aprobado, pero sobre todo es necesario, en el caso de la Comunidad Valenciana, de un trato justo por parte del Estado". "No nos cansamos de repetirlo, somos la autonomía peor financiada, la única que con una renta per cápita inferior a la media paga a autonomías más ricas. Una situación insostenible fruto de un sistema de financiación injusto que caducó en 2014 y que ni los gobiernos de derechas ni el actual gobierno progresista han querido afrontar", concluyen.

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