Las conselleries de Transparencia y Presidencia de la Generalitat mantuvieron ayer contactos para tratar de desatascar el decreto que desarrolla la ley que regula la actividad de los grupos de interés, conocidos coloquialmente como lobbies. Ambos departamentos mantuvieron varias reuniones (una en Presidencia y otra en la sede de la vicepresidenta Mónica Oltra que se había ofrecido a mediar la semana pasada) con resultado positivo, si bien aún no existe un acuerdo definitivo.
Tal como informó en su día este diario hay dos puntos de fricción sobre los que se podría llegar a un consenso. Presidencia frenó el decreto en su fase final al descolgarse con la petición de que también el personal funcionario estuviera obligado a airear sus reuniones con lobbies. El reglamento basado en la ley solo obliga a los altos cargos por lo que Transparencia veía muy difícil su encaje jurídico, aunque comparte la filosofía de Presidencia de que sería bueno que ese colectivo se incluyera.
Al haber sintonía respecto al fondo, el acuerdo alcanzado es consultar a los servicios jurídicos para ver si el reglamento da margen competencial para incluir al funcionariado en estas obligaciones. Un informe que, esperan, podría estar listo en una o dos semanas para evitar un nuevo retraso en la aprobación de la norma que ya de por si acumula un atraso de al menos dos años. Aunque la reunión ha supuesto un paso, el departamento que dirige Rosa Pérez sigue temiendo que este cambio sustancial acabe siendo un problema para aprobar su decreto.
También se acercaron posturas respecto a la petición de Presidencia de eliminar el anonimato en las denuncias en el canal telemático que la conselleria habilitará para cumplir la ley. La idea, según informaron las fuentes consultadas, es que el anonimato no sea aplique a todos los casos. El texto, con todo, está por definir.
