La jueza del caso Azud decretó ayer la libertad provisional para dos de los empresarios investigados en el caso Azud, Mónica M. S. y Joaquín P. R., según confirmaron a Levante-EMV fuentes jurídicas, al considerar que ya no existe peligro de destrucción de pruebas en su caso. El resto de investigados encarcelados, el exvicealcalde Alfonso Grau, el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, y el empresario Jaime Febrer seguirán en prisión, por ahora.
Los cinco investigados encarcelados por el caso Azud están en prisión desde el pasado 15 de mayo al apreciar la magistrada y el Fiscal Anticorrupción riesgo de destrucción de pruebas y de fuga, en algún caso.
El Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga junto a la Fiscalía Anticorrupción una presunta trama corrupta de mordidas y regalos a cambio de favores urbanísticos en València y otra decena de ayuntamientos en una causa bautizada como Azud II, que se inició en 2017 con la investigación tributaria al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, que acabó con su detención y encarcelamiento en 2019, aunque excarcelado un mes después.
Al empresario liberado, Joaquín P. R., se le considera el presunto ‘ingeniero financiero’ de la trama y está acusado de dirigir las operaciones de lavado y obtención de dinero líquido a partir de facturas falsas desde su gestoría en Alicante. La empresaria Mónica M. S. habría presuntamente participado de forma activa en esta presunta trama del pago de mordidas a cambio de favores urbanísticos en la ciudad de València. Los dos investigados deberán comparecer semanalmente en el juzgado y la magistrada también ha decidido retirarle los pasaportes y prohibirles salir del país.
