Uno de cada cinco niños en el mundo presenta trastornos mentales. Aproximadamente, la mitad aparecen por primera vez antes de los 14 años, y más del 70 % comienzan antes de los 18 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los hay leves y los hay graves. Sin embargo, el estigma que persigue los problemas de salud mental invisibiliza las deficiencias en general y obvia las infantiles al ubicar la salud mental en un espacio de adultos. Pero la salud mental también es cosa de niños. Y también de adolescentes. Y que se ignore no significa que no exista.
La detección a tiempo de cualquier problema de salud mental, como en cualquier otra enfermedad, es vital para su recuperación y tratamiento. Hay trastornos menores, como un cuadro leve de fobia escolar, o de ansiedad. Otros como la depresión, la hiperactividad, o el trastorno del espectro autista son cada vez más reconocidos de forma temprana por los especialistas y por tanto, tratados antes. Los trastornos alimentarios, del sueño-vigilia, o los relacionados con sustancias y trastornos adictivos también copan las consultas de unos especialistas desbordados ante una red deficitaria que obliga a las familias a pagar de su bolsillo terapias y tratamientos.
La Asociación Española de Pediatría alertó hace años de un aumento de las consultas por trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia. No porque existan más casos, sino porque se detectan antes. A nivel autonómico, el Síndic de Greuges fijó su mirada en este problema en 2017, cuando elaboró un informe sobre la salud mental en la infancia y adolescencia y realizó una serie de recomendaciones para reforzar una red deficitaria que, cuatro años después sigue acumulando críticas. De hecho, el Síndic de Greuges ha elaborado un nuevo informe sobre la salud mental infantil y de adolescentes, que incluye también las consecuencias de la covid-19, y las conclusiones suponen un duro varapalo para las tres conselleries implicadas (Sanidad, Igualdad y Políticas Inclusivas y Educación) ya que si la salud mental es la gran olvidada del sistema público, la parte que corresponde a la infancia hace aguas a pesar de los planes, protocolos y estrategias realizadas por la Administración.
Un plan que no da respuesta
De hecho, el Consell elaboró una estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020 «que se ha evidenciado insuficiente como documento de planificación, seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas por la Administración autonómica para dar respuesta a las necesidades de la infancia y adolescencia en el ámbito de la salud metal», afirma el informe del Síndic de Greuges, Ángel Luna. Y es que la red apenas se ha ampliado, lo que sigue suponiendo una merma de recursos.
Una de las principales quejas de las familias afectadas, de las plataformas y de las asociaciones relacionadas con los problemas de salud mental es la falta de plazas residenciales. No hay red pública y eso «es un problema ante crisis o situaciones que precisan de un ingreso». Lo era hace años y lo sigue siendo ahora ya que solo existen plazas en las unidades de psiquiatría de los hospitales, y se cuentan con los dedos de las manos: 8 plazas en el hospital de Castelló, 5 plazas (más 3 de pediatría) en el hospital La Fe de València y 8 más en el hospital de Orihuela. Es decir, 24 plazas para toda la Comunitat Valenciana. Y ya está.
Por ello, el Síndic afirma en su informe que «se comprueba» que «no ha existido variación alguna en lo referente al número de unidades de hospitalización psiquiátrica. No se ha producido un aumento de unidades ni tampoco se ha aumentado la plantilla de profesionales de las mismas».
Es más, el estudio añade que la propia conselleria reconoce «que no ha implantado programas de prevención-detección, ni de atención a las familias, lo que no ha conllevado un aumento de plazas en las unidades hospitalarias».
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sí informa, sin embargo, de la puesta en funcionamiento de un centro de acogida destinado específicamente para niños o adolescentes tutelados por el Consell. La capacidad del centro es de 12 plazas.
Por ello, el Síndic concluye que la Comunitat Valenciana no cuenta con dispositivos residenciales de corta o media estancia para atender a menores con problemas de salud mental. Además, recalca que para paliar esta falta de plazas, la Generalitat Valenciana «produce derivaciones a otras comunidades autónomas con el consiguiente desarraigo social y familiar del menor».
Además, el Síndic Ángel Luna explica que hay familias de niños y adolescentes con problemas de salud mental que, ante «la falta de apoyo de la Conselleria de Sanidad solicitan a la de Igualdad y Política Inlcusivas que asuma la guardia voluntaria y proceda al ingreso del menor en un centro adecuado». Sin embargo, cuando la Conselleria de Igualdad no entiende justificada la propuesta y desestima la misma «los menores afectados quedan en sus domicilios, sin atención adecuada y en un contexto familiar que no dispone de herramientas suficientes para afrontar sus necesidades».
Cuatro años después de la primera investigación, el Síndic deja claro que ante un brote o una necesidad de ingresar a un menor las plazas son muy limitadas y solo se encuentran en los hospitales.
Diferencia «insignificante»
Ahora bien ¿la Generalitat ha ampliado sin embargo la red que atiende a estos menores? Para realizar el análisis, el Síndic de Greuges compara los datos de dotación de recursos en los servicios sanitarios y socio-sanitarios de la red pública de salud mental infantil y adolescente de 2017 y 2021 en cada una de las 23 Unidades de salud mental (Usmia) que existen en la Comunitat Valenciana (cuatro en Castelló, once en València y ocho en Alicante). Tras analizar los datos, el informe concluye que «no se ha producido un aumento de número de Usmia en ninguna de las tres provincias», y que la «variación cuantitativa del número de profesionales no resulta significativa, resultando, en todo caso, insuficiente para atender la demanda que venía siendo atendida antes de la covid-19». Además, explica que «no existe una pauta homogénea en cuanto al perfil profesional».
De hecho, los datos reflejan que en cuatro años se ha aumentado la red con 7 psiquiatras más en toda la Comunitat Valenciana (dos en Castelló, cuatro en València y uno en Alciante); dos psicólogos más en toda la autonomía (ya que aunque se han contratado a 4 profesionales en València, se ha despedido/jubilado a dos); tres enfermeros (ya que ha habido cuatro contrataciones y un despido/jubilación); y tres trabajadores sociales (tras cinco contrataciones y dos bajas de personal).
En los datos destaca también que solo hay 6 auxiliares de enfermería en toda la Comunitat Valenciana y 12 auxiliares administrativos.
Por ello, el informe del Síndic reprocha a la Conselleria de Sanidad que, en su último informe, indicara que «en los últimos meses, en las Usmia, ha habido un ligero incremento de personal, especialmente en la categoría de psicólogos clínicos, para atender el aumento de la demanda que están presenciando en Salud Mental». «Sí, como efectivamente parece, la demanda de atención en Usmia ha aumentado durante la covid-19 y la presión asistencial que soportan los profesionales de las mismas ha ido igualmente en aumento. Así, no parece que este aumento de demanda acumulada pueda ser abordada desde ‘un ligero incremento de personal’ y con la pretensión de que ‘algunas de estas plazas se consoliden’ como plantilla estructural», explica.
Por último, el análisis afirma que «no se reflejan actuaciones de coordinación entre las tres conselleries implicadas» ya que «parece que se lleva a cabo de forma parcelada entre la Conselleria de Sanidad y la de Educación (por una parte) y la de Políticas Inclusivas (por otra)».
Nuevas recomendaciones
El Síndic de Greuges destaca que se ha elaborado la Estrategia Autonómica 2016-2020, el Plan de prevención del suicidio y el Plan de Atención Integral a las personas con trastorno mental grave 2018-2022. Sin embargo, recalca que «sigue sin ser elaborado un Plan Integral de Salud Mental Infantil que concrete cómo alcanzar los objetivos definidos en la estrategia» ya que los actuales programas «resultaban ya insuficientes antes de la pandemia». Además, el defensor del pueblo valenciano afirma que la dotación de profesionales «sigue sin adecuarse a los parámetros y recomendaciones formuladas por organismos internacionales» y que los recursos no residenciales también «resultan totalmente insuficientes».
