La radiotelevisión pública valenciana ha recibido la confirmación oficial de que no podrá aplicar el convenio colectivo pactado hace casi ocho meses por los órganos de dirección y los comités de empresa de À Punt. La propuesta, registrada por la cadena en diciembre de 2020, estaba pendiente de un informe preceptivo de la Conselleria de Hacienda que ha llegado por fin a los estudios de Burjassot en forma de una contestación negativa que considera inaplicable el texto en virtud de los requisitos establecidos con carácter general para los empleados de las empresas públicas.
Aunque la administración autonómica advirtió hace meses al conglomerado de que no estaba dispuesta a autorizar el documento en los términos planteados inicialmente, la respuesta de Hacienda -firmada el viernes por las directoras generales de Sector Público y Presupuestos y cuyos detalles no han trascendido- ha sentado como un mazazo en la entidad, que sigue sin poder activar un instrumento de regulación específico que blinde las condiciones laborales y retributivas de sus empleados más de tres años después del inicio de las emisiones de À Punt.
Desde un primer momento, desde la radiotelevisión pública defendieron que las condiciones laborales de su plantilla son diferentes a las de cualquier otra empresa pública, por lo que creen que deberían ser más flexibles para adaptarse a las circunstancias. El preacuerdo avalado por todos los sindicatos en diciembre introducía cláusulas especiales en cuanto al tipo de jornadas, retribuciones, horarios y vacaciones, ligadas a las características particulares del servicio de comunicación prestado por À Punt, que, sin embargo, chocarían con las condiciones estipuladas para las firmas del sector público instrumental de la Generalitat.
Pese a los tiras y afloja de los últimos meses, no ha habido acuerdo sobre las modificaciones necesarias para que el texto pase el filtro de la administración y, con un mes prácticamente inhábil de por medio, la cúpula del conglomerado de medios de comunicación ha aplazado hasta septiembre cualquier movimiento para retomar las negociaciones encaminadas a que pueda aprobarse algún tipo de convenio del que sí disponen el resto de las entidades del sector público, según ha podido saber este diario.
Retrasos y obstáculos constantes
Los sindicatos, que no están dispuestos a aceptar alteraciones sustanciales en el documento y han denunciado los constantes retrasos y obstáculos que «desprotegen» a los empleados, reclamaron antes del verano la posibilidad de abrir una vía alternativa para que la plantilla de À Punt pueda adscribirse al convenio del personal laboral de la Generalitat, a la vista del bloqueo del marco regulador propio. Los órganos de dirección de la entidad, sin embargo, declinaron explorar dicho camino.
La propuesta de convenio pactada hace ocho meses aportaba mecanismos de seguridad en cuanto a las condiciones laborales del personal de À Punt, en un contexto en el que los puestos de trabajo todavía son de carácter temporal. El documento consolidaba y ampliaba los derechos de la plantilla en cuestiones básicas relativas a jornada laboral o las retribuciones, a la vez que incorporaba mejoras sobre la organización del trabajo o la formación profesional.
