La superficie quemada en los diferentes incendios forestales que han sacudido a la Comunitat Valenciana este verano se mantiene un 15 % por debajo de las hectáreas destruidas en 2019, el último año sin restricciones provocadas por el coronavirus. Entre enero y agosto de 2021 se han contabilizado 258 fuegos que han afectado a 857 hectáreas, según los datos facilitados por la consellera de Justicia y Gobernación, Gabriela Bravo, en su comparecencia de ayer en las Corts.
Aunque por debajo de la media de los últimos diez años, el número de incendios se ha disparado un 65,3 % y el número de hectáreas arrasadas un 58 % respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 102 fuegos menos. Sin embargo, la comparación no es justa porque 2020 fue el año de las medidas más duras del confinamiento, que propiciaron el número más bajo de incendios desde que existen registros oficiales.
Es por eso que Bravo puso ayer como referencia 2019 para subrayar que se ha producido un descenso de 113 hectáreas en la superficie quemada de los montes valencianos a pesar de haber sido este un verano de especial riesgo con episodios extremos, olas de calor, reventones térmicos y una mayor concentración de vegetación debido a las abundantes precipitaciones a lo largo del año.
Además, la afluencia de público a los espacios naturales se ha incrementado mucho como consecuencia de los cambios provocados por la evolución de la pandemia en la oferta turística tradicional. Para la consellera, se ha demostrado la capacidad del sistema de respuesta a las emergencias. «Hemos conseguido actuar con rapidez y eficiencia», dijo. Este año se destinan 89 millones a la lucha contra el fuego, un 10% más que en 2020.
Un agosto complicado
Especialmente complicado ha sido agosto a causa de los incendios de Rafelguaraf y Azuébar, por las condiciones meteorológicas. Ambos sumaron 597 hectáreas calcinadas, el 70 % de la superficie quemada en lo que va de año. Bravo desgranó los detalles de los operativos entre ataques de la oposición, especialmente crítica con la gestión del fuego de Azuébar.
La intervención de la consellera coincidió con la convocatoria de una huelga indefinida por parte de los sindicatos de bomberos forestales, que denuncian los retrasos en la «estabilización» de 250 trabajadores con hasta 15 años de experiencia que continúan con contratos de obra y servicio. Bravo dijo entender el malestar del personal afectado y prometió seguir dialogando, aunque fió la solución del conflicto al nuevo marco regulatorio que debe aprobar el Congreso para dar una salida al problema de la interinidad en la administración. La titular de Justicia recalcó que no pueden convertir directamente en fijo a un trabajador temporal porque incurriría en prevaricación y garantizó el nuevo convenio laboral en breve.
