Unides Podem elevó ayer la presión sobre la consellera de Sanidad para que actúe tras la compra del hospital de Dénia por parte de la compañía Ribera Salud. «Queremos que Ana Barceló aplique la ley sin demora», manifestó Pilar Lima, síndica del grupo parlamentario, a la salida de la reunión que mantuvieron miembros de Podem y Equerra Unida con la junta de personal y el comité de empresa del centro. La plantilla ha iniciado una rueda de contactos con todos los grupos políticos para trasladar su preocupación ante la posible compra del 100% de las acciones de Marina Salud por la empresa Ribera Salud, que antes compartía la gestión con DKV.
«Hasta ahora, la Conselleria de Sanidad todavía no ha desautorizado la operación empresarial, y ha ignorado las reclamaciones del comité de empresa, aumentando las preocupaciones y sospechas entre las trabajadoras», aseguraron ayer desde Unides Podem. El departamento autonómico que dirige Barceló está a la espera de una serie de informes jurídicos para decidir qué actuaciones emprende.
El artículo 7.3 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana recoge que «ninguna persona física o jurídica podrá ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40% de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario». Trabajadoras y responsables políticas de ambas formaciones han coincidido en que la operación iría en contra de lo que establece la legislación valenciana.
Cristian Veses, subsecretario autonómico de la Conselleria de Participación y Trasparencia, subrayó que «la pelota está ahora en el tejado de la Conselleria de Sanitat», puesto que esta «tiene que aplicar la ley para impedir la operación y comunicar ya a la concesionaria que no se prorrogará la concesión porque se revertirá el servicio».
