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La comisión política se enfrenta a un presupuesto que verá recortados los ingresos

La orden de elaboración de las cuentas autonómicas habla de racionalizar el gasto

El vicepresidente segundo, Héctor Illueca, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, antes de su encuentro del jueves. | M. A. MONTESINOS

El nuevo órgano de carácter político que el Consell ha acordado crear para que los tres partidos que integran el Acord del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, decidan las líneas maestras del presupuesto autonómico de 2022 no lo tendrá fácil. Los negociadores del Botànic tendrán que lidiar con unas cuentas que van a tener menos ingresos que las del año pasado, según las previsiones que se manejan.

El Consell ya ha asumido que no dispondrá de un nuevo balón de oxígeno en forma de fondo covid y además la liquidación del sistema de financiación también cae a la baja. En la práctica, el presupuesto ordinario de todas las conselleries está abocado a un crecimiento mínimo de manera que las de 2022 tendrán que ser las primeras cuentas restrictivas del Botànic. El vaso puede verse medio lleno si en este cómputo se incluyen los fondos europeos que en términos globales ampliarían el presupuesto.

Sin embargo, los ingresos que llegan de la UE financian proyectos concretos y los fondos tienen carácter finalista. Además, pasan por Madrid y se deciden en cada conferencia sectorial. El reparto no se ha decidido, por lo que no todo el maná que tiene que llegar de Europa se verá en la proyecto presupuestario. Algunos tienen un impacto en los presupuestos y aparecerán en la propuesta económica y otros lo harán posteriormente en forma de generación de crédito.

Además, el Gobierno ha decidido no prorrogar el fondo covid con el que echó una mano a las autonomías para hacer frente a los efectos de la pandemia en la economía y a ampliar las ayudas que necesitaron muchos sectores.

Pero con la incidencia de la pandemia ya más a o menos bajo control y pese a la reclamación de diferentes gobiernos autonómicos, entre ellos el valenciano, en el seno del Consejo de Política Fiscal, no parece que se vaya a reeditar el fondo que permitió a la Comunitat Valenciana ampliar el último presupuesto con 1.400 millones de euros. Sobre la merma de ingresos de la liquidación del sistema el Consell sí ha recibido la comunicación de que será a la baja respecto al año anterior, aunque la cifra exacta no se conoce.

Además, el modelo de financiación sigue sin reformarse por lo que el Consell se verá obligado de nuevo a incorporar la partida ficticia según la oposición y reivindicativa según el Botànic: 1.325 millones. Un dinero que llega vía FLA extraordinario y que aumenta la deuda. Este año como el anterior, las reglas fiscales están suspendidas pero hay la recomendación es no pasar el 0,6 %.

De ahí que la contención del gasto es una de las claves que el Consell ya ha reflejado en la orden de elaboración del presupuesto, que a diferencia de otros años no fija un porcentaje de incremento. Incluso habla de racionalización y de evitar «crecimientos inerciales no justificados». Ahora bien, las conselleries, precisamente por no tener tope, pueden hacer su carta de los Reyes Magos de todos los años, propuestas por encima de las posibilidades de la Hacienda pública que hasta ahora Vicent Soler tenía que recortar.

Acuerdos a priori más complejos

En ese contexto, la elaboración del presupuesto se complica en un momento en que la C. Valenciana cambia el proceso de negociación. Ya no será el departamento de Hacienda el ‘poli malo’, ese difícil juego de equilibrios recae también en esa comisión en la que está representadlos partidos, un terreno inexplorado que a priori dificulta los acuerdos ya que la comisión tendrá más voces y cada una de ellas velará por sus propios recursos e intereses.

Además, este año aparece la novedad de los presupuestos participativos. Aunque lo hacen con una cantidad testimonial, 125 millones, la votación ciudadana ha puesto a prueba la capacidad de gestión de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez.

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