La Comunitat Valenciana es la autonomía que más fondos tendría que recibir por la liquidación estatal del modelo de financiación correspondiente a 2020, cuando a la inmensa mayoría de las comunidades el ajuste de cuentas que hace el Gobierno les sale a pagar. No obstante, el saldo positivo para las arcas valencianas se reduce un 63% respecto al balance del año anterior, como consecuencia de las aportaciones extraordinarias del Gobierno para paliar la crisis de la covid.
Así figura en la previsión incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) publicada esta semana por el Ministerio de Hacienda, que asigna a la Comunitat Valenciana unos ingresos de 595,42 millones de euros en concepto de la liquidación de 2020. Un importe que, en realidad, es una compensación por la infrafinanciación autonómica sufrida que se repite año tras año.
Con estos casi 600 millones, la Generalitat es la que más fondos de la liquidación debería percibir de toda España junto con las Islas Baleares, que ingresará una cantidad ligeramente inferior (537,9 millones) y las Islas Canarias, con 282,7 millones. Con los cálculos en la mano, el resto tendrían que devolver fondos al Estado, que van desde los 56,72 millones de la Región de Murcia hasta los 1.140,59 de Andalucía; si bien varias están entre los 300 y 400 millones —como Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia o Cataluña—; mientras que en otras los números rojos oscilan entre los 100 y 200 millones, como es el caso de Asturias, Cantabria o Extremadura.
No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero anunció en septiembre que en 2022 los territorios recibirán una transferencia extraordinaria de unos 7.000 millones en los PGE para compensar esta liquidación negativa del sistema de financiación —además de un reembolso por el IVA— lo que cubrirá los reintegros de la liquidación o aumentará lo percibido, como en el caso valenciano.
Respecto a datos anteriores, de 2019, a pesar de que los números valencianos de 2020 no son negativos, la recuperación de fondos cae en más de mil millones de euros. En 2019, se recibieron 1.613,35 millones de euros, por lo que se produciría un descenso del 63 % una vez hechos los ajustes del modelo en 2020.
La covid-19 y el IVA
En el sistema de financiación autonómica, el Estado anticipa cada año a las comunidades los recursos en función de la previsión de recaudación de los impuestos cedidos. A los dos años se liquida el sistema y las autonomías han de devolver el dinero si la recaudación es inferior a los anticipos, como ocurre en la última estimación hecha para la mayoría de territorios. Para la Comunitat Valenciana, sin embargo, el saldo es positivo, lo que demuestra, una vez más, la histórica infrafinanciación denunciada por el Consell y diferentes sectores de la sociedad.
La partida que más influye en la previsión de la liquidación valenciana es la de los fondos de convergencia autonómica, que asciende a 1.083,72 millones de euros, una partida destinada a favorecer el equilibrio económico territorial y de recursos por habitante. No obstante, en el cálculo final no constan esos más de 1.000 millones ya que en la ecuación se restan otros ingresos a las arcas valencianas, como los impuestos cedidos (616,80 millones) o el fondo de garantías (214,44) y cae la recaudación sobre el IVA (de -535,46 millones, cuando en 2019 se saldó con números en positivo).
En total, las comunidades autónomas deberían devolver al Estado 2.487,69 millones por la liquidación de 2020, en la que se tienen en cuenta los gastos derivados por la covid (sobre todo en Sanidad y cuestiones sociales), para lo que el Estado hizo inyecciones económicas extra.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya auguró que ese desfase conllevaría una «fortísima reducción» de la liquidación del sistema de finciación autonómica frente al saldo positivo de 10.700 millones de euros del balance practicado en 2020. Todo ello a falta de concretarse el reparto de los 7.000 millones extra anunciados por Montero para compensar las liquidaciones a la baja. El Consell reclama un cambio «urgente y sustancial» del modelo de financiación y, hasta que llegue, un fondo de nivelación para reducir desigualdades.
