La Coordinadora de Empleados Públicos en fraude de ley y los sindicatos Intersindical, CNT y CGT, así como otros colectivos, retoman las movilizaciones para exigir a los poderes públicos fijeza en sus puestos de trabajo. En concreto, han convocado para el próximo jueves sendas manifestaciones en València y Alicante, así como una huelga general de todo el personal público.
La Coordinadora vuelve a las calles en un momento en el que el futuro de las trabajadoras y trabajadores temporales sigue abierto ya que el conocido como decreto Iceta para reducir la temporalidad en las administraciones públicas se encuentre en proceso de revisión en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que el real decreto convalidado por las Cortes Generales cerraba la puerta a facilitar al personal interino que se convirtiera en fijo sin opositar, pero esta norma será tramitada como proyecto de ley y el acuerdo político es introducir facilidades al colectivo de temporales. Así, en la línea de lo prometido por la ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesús Montoro, el PSOE ha registrado enmiendas para permitir que quienes lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada pueda adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Además, recogen la propuesta para que las comunidades puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años. Esto es, que a la ventaja de que la valoración de la experiencia en el puesto pese un 40 %, se sume la opción de que el examen de la oposición no sea eliminatorio.
El decreto ahora en vigor plantea una convocatoria extraordinaria de estabilización para ofertar todas aquellas plazas que no hayan sido convocadas en los últimos años. En teoría, la Generalitat debería ejecutarla antes de acabar el año, pero los previsibles cambios en la norma (varias enmiendas plantean una moratoria para este proceso) aconsejan actuar con prudencia.
La Coordinadora, por su parte, sigue exigiendo que los poderes públicos cumplan con la sentencia europea sobre abuso en la temporalidad y abogan por su conversión en persfonal fijo.
