Las universidades públicas valencianas estarán un año más sin el reclamado plan de financiación plurianual, una reivindicación histórica de estas instituciones que sigue sin ver la luz. La última promesa de la Conselleria de Innovación es que estará listo para 2022-23, pero las universidades deberán organizar ese curso, al menos en su inicio, sin contar con él ni saber a ciencia cierta qué inversiones podrán, o no, realizar, ya que los presupuestos de la Generalitat presentados para 2022 no incluye una partida para el plan.

Según apuntó ayer en las Corts la consellera de Innovación, Carolina Pascual, se sigue trabajando para su diseño, con la intención de incluirlo en las inversiones de 2023. Este será, previsiblemente, el último presupuesto que hará el Consell del Botànic antes de las elecciones. Eso sí, si no hay contratiempos ni un adelanto electoral.

De lo contrario —o si el Consell no consensuara unos nuevos presupuestos y se prorrogarán los de 2022—, las universidades se quedarían ‘colgadas’, como ha pasado con el convenio del personal laboral, con un preacuerdo firmado antes de las últimas elecciones de 2019 que sigue sin ser una realidad.

Cabe recordar que una mesa de expertos trabaja desde hace meses en una primera propuesta del plan que, posteriormente, aún deberán estudiar y aprobar las universidades, pero que también se ha demorado. El borrador primero se esperaba para antes del pasado verano, después para los meses estivales y, por último, para el otoño, si bien las universidades no cuentan aún con novedades y todo debería estar cerrado en un año.

Nueva oportunidad perdida

Se trata de una tarea que no es sencilla pues, entre otras cosas, marcará cómo se retribuirá a las instituciones durante una década por el patrimonio que mantienen, los estudios que ofrecen o la creación de patentes. «Tiene que ser justo, de compromiso y de consenso entre todas las universidades, y tiene que apostar por la excelencia y sobre todo por la empleabilidad», apuntaba ayer la consellera.

Desde la Universitat Politècnica de València (UPV), José Francisco Monserrat, vicerrector de Comunicación, recuerda que las universidades llevan exigiendo el plan «desde hace bastante tiempo». «Lamentamos que de nuevo se pierda una oportunidad para empezar a abrir un debate que llevamos mucho pidiendo», afirma.

«Es un tema que debemos empezar a discutir ya, con la máxima velocidad posible, porque llevará meses, y ya no hay excusas. Se ha visto que la reforma pendiente del ministerio no afecta a esto», defiende el vicerrector sobre la nueva ley universitaria.

En el caso de que hubiera una prórroga de presupuestos para 2023 y el Consell ya no hiciera unos nuevos, desde la UPV aseguran que la situación «sí preocupa», pues «con el presupuesto actual las universidades no son sostenibles», asegura Monserrat.

Por su parte, fuentes de la Universitat de València (UV) coinciden en que hay una «necesidad urgente y apremiante de consensuar un modelo de financiación» para las universidades públicas.

Según apuntan, «los principales problemas están relacionados con la imposibilidad de planificar a corto y medio plazo», lo que se debe a tres grandes lastres que la UV insiste en denunciar, como ya hace habitualmente: «la financiación insuficiente, la existencia todavía de la tasa de reposición y la falta de firma del convenio laboral».

A pesar de no cubrirse esta reivindicación y de la infrafinanciación que denuncian, las universidades acaparan el presupuesto de la conselleria alicantina. De los 1.255 millones con los que el Consell pretende contar en 2022 para Innovación, Ciencia, Universidades y Distrito Digital, un total de 1.008 van dirigidos a la Dirección General de Universidades.

Las universidades «generan enormes contribuciones económicas y sociales para la resolución de retos de nuestra economía», recordó ayer la consellera, que también defendió la apuesta del Consell por las becas a estudiantes que ahora cuentan con 6 modalidades y que prácticamente han triplicado su inversión desde 2015 hasta los 32,4 millones de euros.

Por otro lado, en el presupuesto de 2022 se ha habilitado una línea de 23 millones, dos más que en 2021, como compensación a las universidades públicas por la bajada del precio de los créditos, junto a una nueva actuación de 6,32 millones para construir y actualizar edificios de I+D+i en universidades y otra de un millón para la promoción de doctorados en empresas.