Aunque la distancia es más que evidente, À Punt podría recibir en 2022 una pátina que le hiciera parecerse a Canal 9. Los grupos del Botànic estudian cómo solucionar los problemas de presupuesto a los que se enfrenta el ente y que han conseguido algo casi inédito en el sector audiovisual: ponerlos a todos de acuerdo en contra de las cuentas presentadas por el Consell para la empresa.
Así, si en los presupuestos de 2021, los tres grupos presentaron una enmienda para dotar de dos millones de euros más a la radiotelevisión pública valenciana, para este año la solución con la que sortear las carencias económicas de la corporación parece pasar por un cambio en el articulado de la Ley de Presupuestos que llegaría vía enmiendas.
Según explicaron fuentes botánicas a Levante-EMV, el camino que se estudia para esta modificación está en que el Consell asuma la deuda que genere el ente. Es lo que ocurría antes con la extinta RTVV y es lo que actualmente rige a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). «La Generalitat asume la carga de la deuda de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana correspondiente a 2022», señala el artículo 51 de la Ley de Presupuestos para el próximo 2022.
Permiso de Hacienda
Según esta misma legislación que podría replicarse para la corporación audiovisual pública, «el importe de la deuda amortizada en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior se constituye en aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana». Es decir, la deuda que generase el ente a lo largo de su ejercicio sería compensada directamente por el Consell.
Además, en el caso de FGV, el articulado indica que la persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria con competencias en materia de Hacienda «autorizará las operaciones de tesorería y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo». Esto es, será el departamento de Vicent Soler el que se encargue de dar luz verde a la inyección extra económica cuando se requiera.
À Punt se encuentra en una situación económica delicada, el ejercicio 2021 prevé cerrarlo con un resultado negativo de 7,7 millones de euros y las cuentas diseñadas por el Consell han sido un jarro de agua fría para el ente, según lamentaron desde el Consell Rector y el comité de empresa. La no devolución de los 10 millones del IVA más la compensación por los años anteriores que exige la Agencia Tributaria a las cadenas autonómicas ha hecho descuadrar los presupuestos de la tele.
Esa pérdida monetaria no se ha visto compensada por los ingresos que la Generalitat aporta en la partida para la empresa pública para el próximo año. En 2022 el Consell mantiene los mismos fondos que en 2021, 58,6 millones de euros, lo que para el sector (incluida la dirección de la corporación) supone al final un recorte de sus posibilidades financieras.
Los presupuestos aprobados por el gobierno valenciano para la televisión autonómica se sitúan por debajo del mínimo establecido en la ley que fijaba que debía recibir entre un 0,3 y un 0,6 por ciento de las cuentas globales del ejecutivo. Tampoco cumplirá con la regla del tercio donde el gasto de personal no podía superar uno de cada tres euros del presupuesto global de la corporación.
Productoras y guionistas muestran su preocupación
Productoras y guionistas mostraron ayer su preocupación por los presupuestos del Consell para À Punt para el año que viene. La Plataforma de Asociaciones de Productoras Valencianas advirtió de la posible destrucción de más de mil empleos y la cancelación de producciones por la falta de financiación adecuada. Mensaje similar al de Escriptors De l'Audiovisual Valencià (EDAV) que engloba a los guionistas. «Si no contamos nuestras historias, nadie lo hará».
