La memoria ambiental del plan general de 23 municipios de la Comunitat Valenciana caducará el próximo mes de febrero «si no se aprueba antes» el planeamiento urbanístico de esta treintena de poblaciones valencianas, tal como adelantó Levante-EMV en su edición del 27 de noviembre.
Si se consuma la caducidad de este planeamiento, los 23 municipios afectados tendrán que poner el contador a cero y reiniciar la tramitación del plan general, según aseguró el jefe del Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial de la Conselleria de Política Territorial, en unas jornadas organizadas por la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana de la Universitat de València.
De los 23 municipios con el planeamiento en tramitación a punto de caducar, la gran mayoría (18) son de la provincia de València, otros cuatro pertenecen a la de Castelló y solo uno es de la provincia de Alicante, según la información facilitada por la Conselleria de Política Territorial a Levante-EMV.
Años de tramitación
Algunos de estos municipios llevan «años tramitando el plan general» que iniciaron al abrigo de la ley urbanística valenciana (LUV), aprobada en 2005 como alternativa a la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) de 1994. Ambas leyes fueron sustituidas en 2014 por la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup), que es la que está actualmente en vigor, aunque tanto como la LRAU como la LUV siguen aplicándose con respiración asistida a los instrumentos urbanísticos que se aprobaron mientras estuvieron vigentes.
El municipio alicantino con el informe ambiental del plan general a punto de caducar es Almoradí (la Vega Baja), al que le faltarían casi una docena de informes sectoriales que debe emitir tanto la administración estatal (Confederación Hidrográfica el Segura y carreteras del Estado) como autonómica (tiene pendientes informes sobre inundabilidad, patrimonio, medio natural, paisaje, educación, ordenación del territorio y carreteras de la Generalitat).
Distinto es el caso de la provincia de Castelló en el que los cuatro municipios amenazados por la caducidad de su nuevo planeamiento dependen de ellos mismos. «En todos los casos los ayuntamientos tienen que subsanar, no falta ningún informe sectorial», aseguran desde el departamento que dirige Arcadi España.
Es el caso de Arañuel (Alto Mijares) que «solo ha de elaborar la versión corregida del plan general»; Argelita (Alto Mijares) el único a punto de caramelo y que «se aprobará en la comisión territorial de urbanismo del 17 de diciembre»; Atzeneta del Maestrat (l’Alt Maestrat) que tiene que «aprobar el texto consolidado [del plan general] que recoja las observaciones de los informes sectoriales» y pendiente de que la Confederación Hidrográfica del Júcar emita un nuevo informe tras un primero desfavorable. En el caso de Benlloc (la Plana Alta), ha sido una carretera estatal la que obligó a demorar la aprobación definitiva en 2018.
Respecto a los 18 municipios de la provincia de València, la mayoría están pendientes de un informe de Patrimonio para dar salida a su plan general o el catálogo de edificios protegidos. Es el caso de Aielo de Malferit, Albal, y l’Alcúdia de Crespins, Almisserà, Beniatjar, Benifaió, Casas Bajas, Dos Aguas, Fontanars del Alforins, Fortaleny, Gestalgar, Palmera, Puebla de San Miguel, Montesa, Rafelcofer, Rugat, Villargordo del Cabriel y Tuéjar.
