La izquierda valenciana ha alcanzado un acuerdo para activar la llamada tasa turística en 2023, el año en que se celebrarán, salvo adelanto, las elecciones autonómicas, municipales y también las generales. Los líderes parlamentarios de PSPV, Compromís y Unides Podem rubricaron en los pasillos de las Corts, pasado el mediodía, el acuerdo que abre una vía «valenciana» para implantar el tributo a las estancias turísticas.
Tras años de debate, el Botànic alcanza el acuerdo justo un día antes de aprobar los presupuestos del Consell para 2022. El pacto recoge que el Botànic regulará por ley el impuesto a las pernoctaciones turísticas, de forma que se creará un marco legal para que los ayuntamientos, de forma voluntaria, decidan si lo aplican o no.
Municipios turísticos ya habían reclamado instrumentos tributarios con los que obtener recursos que pudieran después revertir en la mejora de la oferta turística y financiar también los servicios que prestan y de los que hacen uso también los turistas. El recargo que se cobrará a los turistas se fijará cada año en la ley de Acompañamiento de los presupuestos, no para 2022 porque esa ley quedará aprobada hoy mismo.
El objetivo es compensar también con la activación del impuesto efectos negativos que provoca el turismo de masas como el incremento del precio de la vivienda en determinadas zonas. El tributo funciona sin problemas con el consenso de todos los actores en decenas de destinos turísticos, pero nunca se había aplicado en el territorio valenciano.
Diálogo con el sector
El Botànic se emplaza a iniciar conversaciones en el mes enero con todos los actores que tienen algo que decir en el ámbito del turismo para elaborar una proposición de ley que los grupos parlamentarios del Botànic presentarán antes del final de marzo.
La implantación del impuesto a las estancias turísticas coincidiría con el período electoral
Será una vez acaba el proceso de diálogo, en el que el Botànic dará la palabra, según señalan, al empresariado (especialmente receloso del tributo en las zonas más turísticas de la provincia de Alicante) y a los trabajadores del sector, así como a los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, personas expertas y representantes de las administraciones.
Recursos económicos
La proposición de ley por la que se creará el impuesto valenciano de estancias turísticas recogerá de ese modo las dos exigencias que puso el PSPV, es decir el carácter municipal y voluntario, de forma que los ayuntamientos que lo deseen puedan obtener recursos económicos de las estancias como hacen numerosos destinos turísticos en todo el mundo.
Así, la proposición de ley que se presentará asumirá la filosofía de la enmienda conjunta que Compromís y Unides Podem presentaron a la ley de Medidas Fiscales y que ambos partidos retiran de la votación de hoy para que pueda convertirse en ley.
La enmienda recoge por ejemplo que la cuota de la tasa turística estará entre los 0,5 y dos euros por día, aunque los ayuntamientos podrán inmponer recargo. La ley entrará en vigor un año después de que se publique en el Diario Oficial por lo que vendrá a coincidir más o menos con el período electoral se aprueba antes del próximo verano. La derecha en bloque criticó el anunicio.
