El Gobierno de España ha cerrado la puerta a modificar los presupuestos generales del Estado para permitir que la Comunitat Valenciana pueda contar en 2022 con una tasa de reposición para la incorporación de personal funcionario por encima de la que marca el proyecto de ley y poder así paliar su déficit de personal. Compromís presentó una enmienda a las cuentas públicas de este año para reclamar una tasa de reposición «asimétrica», de tal forma que, comunidades como la valenciana infradotadas en personal funcionario, pudieran cubrir un mayor porcentaje de vacantes mediante ofertas de empleo público más amplias.
La coalición ya lo intentó en marzo del año pasado con una enmienda al proyecto de Real Decreto de Agilización de Fondos Europeos en su trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados. El diputado de Compromís Joan Baldoví denunció desde la tribuna las diferencias «insalvables» en las comunidades autónomas y pidió flexibilidad para los gobiernos que, como la Generalitat, están más perjudicados ya que la existencia de efectivos es básica para poder ejecutar los fondos públicos que vendrán de Europa.
Las cifras, además, no dejan lugar a dudas ya que la Comunitat Valenciana se encuentra a la cola en cuanto al personal por habitante adscrito a conselleries u organismos públicos. En concreto, con datos de 2020, la C. Valenciana cuenta con 27 servidores y servidoras públicas por cada 10.000 habitantes, una ratio bastante raquítica si se tiene en cuenta que hay comunidades, como Extremadura, que quintuplica esta cifra: 125 efectivos por cada 10.000 extremeños, mientras que la media se sitúa en 45.
En esta ocasión, la enmienda ni siquiera ha sido analizada ni debatida porque el Gobierno ha expresado su disconformidad con la misma (lo que técnicamente supone un veto para ser defendida y votada en el Congreso de los Diputados) al argumentar que esta flexibilidad supondría un incremento de gasto en personal. Además, justifica su criterio contrario a la tramitación de esta enmienda en que no es posible determinar el coste de la misma porque no se pueden «cuantificar» todas las variables. Añade que la propuesta no especifica la financiación requerida.
En realidad, la tasa de reposición no afecta al gasto de los presupuestos del Estado, sino a las arcas autonómicas que son las que sufragan los incrementos de plantilla. Dado el alto porcentaje de interinidad, tampoco significaría mucho más gasto sino más opciones abiertas para reducir la temporalidad. La tasa de reposición es el indicador que mide el porcentaje de vacantes en el empleo público que pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones de personal mediante oposiciones.
Este corsé, que en 2012 impuso el Gobierno del PP, ha impedido al Consell cubrir sus vacantes y lo ha abocado a la contratación de personal interino. El veto se flexibilizó en 2021 cuando la tasa de reposición se situó en el 100 % y en el 110% para los sectores prioritarios, es decir, sanidad, educación y ciencia. Sin embargo, este nivel de cobertura (una incorporación por cada jubilación) era insuficiente para las necesidades acumuladas, máxime para una plantilla envejecida.
Variación de la tasa
Para 2022, el Gobierno ha abierto algo más la mano ya que el proyecto de ley incluye una reposición del 110 % como tasa general y del 120 por ciento para servicios prioritarios. El Consell lleva tiempo pidiendo un plan de choque para poder realizar incorporaciones más amplias de personal. Y Compromís lo ha intentado ya dos veces con petición en el Congreso.
La petición para esta enmienda «asimétrica» incluía también levantar el veto para las comunidades que se encuentran por debajo de la media en número de funcionarios por habitante, computando por separado los sectores de Educación, Sanidad y Justicia.
