La Comunitat Valenciana redujo un 11,62 % la lista de espera en Dependencia en 2021, pero 4.408 personas murieron sin ser atendidas (2.404 dependientes con derecho reconocido sin recibir la ayuda y 2.004 personas pendientes de su resolución de grado), según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
No obstante, la C.Valenciana es la comunidad que más personas beneficiarias con prestación ha incorporado en el sistema en el año 2021 (+14,9 %) y también lidera el ranking en el que más han subido las personas con derecho a prestación (+11,8 %).
Estas cifras contrastan con el panorama a nivel estatal, que deja un fracaso del Plan de Choque anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales que pretendía reducir en 60.000 personas las listas. Al final de año, solo han adelgazado en 38.807 y la asociación critica que "a este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención". En concreto se pone el foco en Cataluña, Canarias y La Rioja, que lastran el objetivo al ser los lugares donde más personas se sitúan en el "limbo de la dependencia".
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, estos datos parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva, pero "ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I".
Los directores y gerentes consideran que "las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia". Alertan que, pasados casi dos años de la pandemia, no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
Además de las 4.408 personas que murieron sin ser atendidas, la Comunitat tiene encima de la mesa 14.000 expedientes de herederos que siguen sin recibir la ayuda a la que tenía derecho su familiar fallecido. A esta cifra hay que sumar 3.634 personas a la espera de que le sean compensadas las minoraciones y 7.510 el dinero del copago, según publicó este diario en base a una investigación del Síndic de Greuges. En total, la Conselleria de Igualdad tiene un atasco de 25.073 reclamaciones de responsabilidad patrimonial que por ley ya debería haber resuelto.
Mejora general
Si atendemos a los datos proporcionados en el año 2020, Igualdad mejora en cuanto a los indicadores generales de la dependencia, aunque todavía se sitúa lejos de la plena atención. En 2021 la lista de espera era del 9,16 %, lejos del colapso que se registra en Cataluña (32 %), mejor que la media española (13,66 %) y con mucho camino por recorrer hasta llegar a la atención de Castilla y León, que a penas tiene personas en espera (0,17 %).
En concreto, la C. Valenciana tiene 11.826 personas en lista de espera frente a las 13.381 del año 2020, cuando también se redujo un 11,59 %. En 2021 han conseguido rebajar las listas un 11,62 %, un dato por debajo de la media española, del 16,7 % y lejos del objetivo de reducción impuesto en el Plan de Choque, que perseguía una rebaja de al menos el 25 % de las listas. Así, la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía con más gente en lista de espera solo por debajo de Cataluña (78.542), Andalucía (38.325) y País Vasco (13.090).
Un fallecido cada 11 minutos en España
A nivel nacional, la asociación ha alertado de que "se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento", cifran en 421 días el tiempo de espera y asegura que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley, una cada 11 minutos. En 2021, 46.671 dependientes murieron esperando la ayuda.
La burocracia en los procedimientos y los datos en estas comunidades no han permitido que el Gobierno de España haya cumplido con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales considera necesarias medidas urgentes para evitar "el sufrimiento y abandono" de las personas más vulnerables. "El Gobierno de España y los autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites".
"Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones", reclaman.
