Las cifras son tozudas y más allá de lecturas políticas la propuesta que ha planteado la Generalitat de Catalunya al Gobierno de España sobre la reforma de la financiación beneficiaría, de aceptarse, los intereses de la Comunitat Valenciana.
Cataluña aboga por eliminar el concepto de población ajustada y basarse en la población real. Y en el caso catalán tiene todo el sentido porque la población real es de 7.675.217 millones, pero la ajustada, que se obtiene con unas ponderaciones que la incrementan o reducen en función de variables como superficie, dispersión, insularidad, envejecimiento o población entre 0 y 16 años, factores que se usan para aproximar el coste que supone prestar el mismo servicio en diferentes territorios, la población en Cataluña se reduce a 7.552.125.
El caso valenciano es idéntico. Su población real es de 5.003.769 habitantes, pero con todos los factores de la población ajustada cuenta como si tuviera 4.867.489 habitantes es decir 136.280 valencianos no existen para el reparto del dinero del Estado.
Así, con esa propuesta de eliminar la población ajustada y usar solo la real ese número de valencianos sí se computaría. Pero descartar la población ajustada sería tanto como eliminar cualquier visión de Estado porque ya no computaría ningún otro factor.
Además, los partidos del Botànic se han felicitado por el regreso de Cataluña al debate de la reforma de la financiación con sus alegaciones a la propuesta del Ministerio de Hacienda, en lugar de tratar de negociar bilateralmente con el Gobierno, aunque en su propuesta piden la capacidad fiscal plena para Cataluña.
Por contra, los populares valencianos exigen al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que la desautorice y advierten que el Gobierno quiera contentar a los partidos independentistas catalanes.
El síndic del PSPV, Manolo Mata, considera de una extraordinaria importancia que Cataluña presente sus alegaciones al Gobierno porque hasta ahora el Govern prefería la bilateralidad.
Mata añade que que la propuesta catalana beneficia a los valencianos más que la propia propuesta de la Generalitat. Pero remarca que el gobierno del Botànic apuesta por la población ajustada al considerar que supone "una solución de Estado para que todos los territorios puedan estar cómodos".
"Nuestra propuesta es imbatible en términos técnicos y de visión de Estado pese a las tonterías que diga el PP", asegura Mata que sostiene que el PP hace una perversa lectura de las alegaciones catalanas.
Es más, Mata cree que Puig desautorizaría antes al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que al catalán, Pere Aragonès, porque la propuesta de la Xunta de Galicia es que Hacienda no tenga solo en cuenta la población ajustada sino la dispersión o la despoblación.
Por contra, el síndic adjunto del PP, José Antonio Rovira, reitera las críticas que hizo este lunes el presidente del PPCV, Carlos Mazón, de que el criterio de Catalunya perjudica los intereses valencianos. "Nos da mucho miedo que Pedro Sánchez pueda estar pensando en el interés de los independentistas", previene, e insta a Puig a desautorizar al Govern.
Entre el resto de partidos, la portavoz adjunta de Compromís Mònica Álvaro exige que los diputados nacionales valencianos hagan "pedagogía" para que el nuevo modelo salga adelante en el Congreso y ha asegurado que la propuesta de la Comunitat es positiva para toda España.
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima se ha mostrado orgullosa de que las alegaciones valencianas sigan el criterio de los expertos y de la Plataforma per un Finançament Just y ha insistido en impulsar una reforma fiscal en España para "aumentar el pastel de recursos" y que la financiación no sea "una batalla de pobres contra pobres". Ha pedido al PP que se "aclare" y que el nuevo modelo establezca unos mínimos para evitar el 'dumping' fiscal.
A la síndica de Vox, Ana Vega, la reforma de la financiación le parece un "circo".
