El desbloqueo en las evaluaciones de impacto ambiental ha permitido la aprobación de 67 proyectos industriales en los últimos cinco meses. Los proyectos autorizados por la Conselleria de Transición Ecológica suponen una inversión de casi 218 millones de euros en la Comunitat Valenciana, como incidía el departamento que dirige Mireia Mollà. La agilización de los trámites ha servido para descongestionar expedientes de sectores de peso como la cerámica o la automoción, pero también un apartado emergente como la reducción y reutilización de residuos.
Entre las actividades que han solicitado la declaración ambiental aparecen iniciativas relacionadas con alimentación, agua, metal, obras públicas o cerámica. También figura una autorización para Aerocas, sociedad pública de la Generalitat Valenciana que es titular y gestiona el aeropuerto de Castelló tras la rescisión en 2019 del contrato con el operador canadiense Edeis. En mayo de 2020 suscribió un contrato por una década con la compañía británica eCube para cederles espacios dedicados al desguace y desmantelamiento de aviones con la valorización a través de la redistribución de piezas y componentes.
En la apuesta por la economía circular, una de las propuestas empresariales, radicada en Cabanes, está enfocada a la recuperación de productos textiles para un segundo uso en limpieza industrial. Uno de cada tres expedientes, 21 en total, están relacionados con el tratamiento y preparación de los desechos para su regreso al mercado, en línea con lo que promueve la Unión Europea en los Fondos para la Transformación, Recuperación y Resiliencia. Instalaciones fotovoltaicas o eficiencia energética a través de la apuesta por el biometano o el hidrógeno renovable son otras de las parcelas que ganan peso.
Alimentación, Agua y Metal
Por sectores, la gestión de los desechos supondrá inversiones por valor de sesenta millones de euros, seguido por las materias primas y derivados para la industria azulejera. Alimentación primaria y secundaria alcanzan los casi cuarenta millones, seguida por el área de Química, el Metal o el Agua. La Obra Pública se cifra en unos veinte millones de euros. Por provincias, se han autorizado solicitudes por valor de 107 millones en Valencia, 54 en Alicante y 56 en Castelló.
«La mayor agilidad en los trámites, junto con la seguridad de que la sostenibilidad ambiental y la actividad industrial son compatibles, supone una garantía de recuperación económica», remarca la consellera Mollà.
La evaluación de impcto ambiental es algo preceptivo y previo a la ejecución de la inversión, pero además según Mollà permite acelerar la adaptación del tejido productivo valenciano tras el impacto de la crisis sanitaria por la covid.
Desde la conselleria se recuerda han contabilizado solo los grandes proyectos de tramitación integrada autonómica que deben cumplir con las normas medioambientales que rigen en la Comunitat Valenciana.
