Los ayuntamientos complican el engranaje de la Renta Valenciana de Inclusión. No todos, pero sí hay consistorios que acumulan retrasos más que notables en los expedientes.
La ley dice que el dinero de la renta mínima debe llegar al ciudadano en 6 meses. La puerta de entrada son los ayuntamientos, cuyos servicios sociales deben gestionar el papeleo y mandarlo a conselleria en 90 días (tres meses). A su vez, Igualdad tiene otros 90 días para resolver. En medio año la persona debería estar cobrando la renta y sin preocuparse de renovarla porque las administraciones ya tienen sus datos.
Eso es sobre el papel. En la práctica muchos ayuntamientos lastran la labor de conselleria y producen retrasos que provocan que haya gente que ha estado esperando la renta hasta dos años. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante tarda 283 días en resolver los expedientes de la renta y mandarlos a conselleria.
Más del triple de lo que dice la ley, según datos expuestos por la consellera Mónica Oltra en un desayuno informativo con periodistas para explicar el funcionamiento de la Renta Valenciana de Inclusión. Por lo general, los ayuntamientos tardan más de lo que deben en pasar el expediente a Igualdad (que sí que cumple los plazos), así que las rentas llevan retraso desde el principio.
Los ayuntamientos de la provincia de València superan el límite legal para tramitar la RVI con 131 días, y los de Alicante alcanzan los 161
La media de los ayuntamientos de la provincia de Alicante en gestionar el papeleo es de 162 días, les siguen los consistorios de la provincia de València, que también se retrasan con 131 días. Por último se sitúan los ayuntamientos de Castelló, los únicos que se adaptan a la legislación y que tardan de media 91 días.
Por otra parte, conselleria sí que parece hacer los deberes con los plazos. La dirección territorial de Alicante es la única que se retrasa ligeramente con 107 días, seguida de la dirección territorial de València, con 97 días.
El caso de Castelló es reseñable ya que solo tarda 20 días en resolver los expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión; cinco veces menos. "Es como nuestra pequeña Finlandia", bromea Oltra, que explica que otros criterios como el peso poblacional de cada provincia influyen mucho en el tiempo de resolución de estas ayudas.
Pese a todo, como destaca la vicepresidenta, se ha multiplicado por nueve el presupuesto para trabajadores de servicios sociales que componen la primera línea de atención para tramitar la renta. La renta valenciana está feminizada (67 % mujeres) y con una edad mayoritaria de entre 41 y 64 años. Además, conselleria ha creado un simulador en su página web para que cualquier persona pueda comprobar si cumple los requisitos para ser beneficiario de la ayuda.
El caso de Castelló es reseñable ya que solo tarda 20 días en resolver los expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión
Encallados en la gestión del IMV
En estos momentos hay 76.000 personas beneficiarias de la RVI; un número que no para de crecer cada año. De hecho, conselleria (que invirtió 254 millones el año pasado) va a pedir una ampliación de presupuesto de 60 millones más sobre los 235 que tenía previsto gastar, llegando hasta los 291 millones este año.
Se trata de una de las comunidades que más invierte en esta política social de toda España, y de las pocas que tiene un presupuesto mayor que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según datos del Imserso. El IMV tiene 97.000 beneficiarios, eso sí, de una cuantía menor.
La renta mínima valenciana que lleva funcionando desde abril de 2018 no ha parado de crecer tanto en beneficiarios como prestación. El Ingreso Mínimo Vital nació en mayo de 2020 dentro del escudo social para proteger a la población más empobrecida por la pandemia y no ha llegado al número de beneficiarios esperado.
Ambas ayudas se pueden pedir en la C. Valenciana pero no confluyen nada bien (ya que solo se puede acceder a una de las dos). Por eso Oltra adelanta que están en conversaciones con el ministerio para poder cogestionar todo el dinero bajo unos mismos criterios y evitar situaciones que se producen en estos momentos y pueden lastrar el trabajo. No ha dado plazos ni ha comentado el avance de las conversaciones.
Uno de los efectos perversos de que dos prestaciones de este tipo confluyan es que la ayuda no es la misma. De hecho, la Renta Valenciana de Inclusión es bastante más generosa que el Ingreso Mínimo Vital en la mayoría de los casos. En concreto, la prestación media del IMV es de 2.429 euros al año, y la de la Renta Valenciana de 3.264, un 74 % más.
La solución que encontró Igualdad para no crear beneficiarios de primera y de segunda fue la "Renta complementaria de prestaciones", es decir, una compensación para las familias que cobren el IMV para llegar a la misma cuantía que la renta valenciana. Y este es uno de los problemas planteado por Oltra, ya que solo 13.308 de las 97.300 personas que perciben el IMV tienen este complemento. Es decir, hay 84.000 personas que podrían cobrar el complemento pero no lo han reclamado. Para pedirlo hay que acudir a cualquier oficina de Servicios Sociales.
Una nueva ayuda para trabajadores
Esta "renta complementaria de prestaciones" es solo una de las tres ayudas que caen dentro de la RVI. Las dos restantes son la "renta de garantía de inclusión social" -para familias con niños y que va acompañada de cursos para buscar trabajo- y la "renta de garantía de ingresos mínimos", que es más baja, -para aquellos que no se comprometan a hacer cursos-. Con todo, Igualdad trabaja en una cuarta ayuda. Esta sería una compensación económica para los trabajadores pobres, es decir, para aquellas personas que aún teniendo empleo no lleguen a los estándares para tener una vida digna.
Como asegur la vicepresidenta, esta ayuda se ha guardado en un cajón por el momento ya que el Gobierno planea aprobar una similar, y no quieren tener los problemas de compatibilidad que existen con el Ingreso Mínimo Vital. Están, por el momento, a la espera de la decisión del Gobierno.
Pese a los anuncios de ambas ayudas y a la inversión en Servicios Sociales, la realidad es que la brecha digital que tienen las personas empobrecidas se hace un abismo para acceder a estas ayudas. Según un reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales solo el 9 % de los valencianos bajo el umbral de la pobreza accede a alguna renta mínima.
Estos son algunos de los "problemas de armonización" de la RVI y el IMV que tienen que resolverse para asumir la gestión. Hay muchos más, ya que, en general, la Renta Valenciana es mucho más accesible que el Ingreso Mínimo Vital; por la documentación a aportar, porque pueden pedirle personas migrantes sin documentación, porque no es necesario estar empadronado sino basta con demostrar la residencia efectiva, etc. El objetivo de conselleria es que se puedan tramitar las dos ayudas por la misma ventanilla.
