Los clubes de alterne están en el punto de mira del gobierno valenciano. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública abre una vía legal para multar a aquellos locales que ofrezcan servicios de prostitución, una tarea que hasta ahora no era posible o que, si se hacía, se lograba a través de otros incumplimientos y no por la de la prostitución.
El departamento que dirige Gabriela Bravo saca a consulta pública previa la modificación de la Ley de Espectáculos de la Generalitat que permitirá sancionar administrativamente aquellos locales donde se ejerza la prostitución y que se camuflan con licencias de establecimientos de hostelería u ocio. El paso supone iniciar un trámite legal al que todavía le falta un largo recorrido.
Gracias a la reforma de esta ley, la Comunitat Valenciana se convertiría "en la primera y única autonomía que multará la demanda de sexo en los establecimientos públicos, la tercería locativa, es decir, sancionar a aquellos que, con ánimo de lucro, proporcionen un lugar donde prostituir mujeres, y la publicidad de sexo pagado", según explica la consellera de Justicia e Interior.
La vía legal que utilizaría la Conselleria de Justicia sería la de recuperar la tercería locativa, una fórmula que estaba recogida en el Código Penal hasta 1995 y por la que se tipificaba penalmente a quien se lucraba de destinar un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona.
Esta figura, la tercería locativa, se quiere reintroducir también en la ley estatal contra la violencia sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí'. Su recuperación daría un mayor soporte legal a la modificación que pretende el Consell de la que falta de conocer el redactado de la normativa que se basa en la modificación de la Ley de Espectáculos autonómica.
Un estudio de la conselleria estima que hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas en la Comunitat Valenciana
La consulta pública previa permite que asociaciones y particulares interesados formulen las alegaciones que estimen necesarias porque, según Bravo, "queremos que esta reforma legislativa cuente con el mayor consenso posible. De ahí la necesidad de recabar las opiniones de todos aquellos que quieran aportarnos su visión".
Las propuestas se pueden presentar a través del portal de Transparencia de la Generalitat y en la página web de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. También a partir de este jueves 10 de marzo, en la dirección de correo electrónico espectaculosvalencia@gva.es hasta el próximo 24 de marzo.
La consellera recuerda que, según un estudio encargado por la Conselleria de Justicia en el marco del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, se estima que en la Comunitat Valenciana hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas, 164 establecimientos identificados como lugares de prostitución y más de 52.000 anuncios en internet de servicios de prostitución.
De acuerdo con este mismo estudio, las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad. Esta situación de explotación se sustenta en la alta demanda de sexo pagado, dado que solo en la Comunitat Valenciana el número de varones que ha pagado por sexo en el último año se estima en alrededor de 115.000.
"Al margen de algunas ordenanzas municipales abolicionistas como la de Albal, no hay en la actualidad ninguna norma que sancione la tercería locativa ni la demanda de sexo pagado y, con esta reforma, vamos a poner remedio a esta situación", concluye Gabriela Bravo.
