El Consell prepara una respuesta valenciana para contener la imparable subida de precios. Una vez estudie en detalle el plan del Gobierno de España para frenar la inflación, la intención del gobierno valenciano es complementarlo con medidas propias.
Con la subida de la inflación, situada ya muy cerca del 10 %, y con el coste de los carburantes, las energías o los productos de primera necesidad disparados, la preocupación en el Consell va en aumento. Vienen tiempos complicados, se admite en el ejecutivo.
Pero la respuesta no será muy distinta a la que se ha dado para capear la pandemia de la covid en estos dos últimos años. Sí será diametralmente opuesta a la que dieron las políticas neoliberales tras el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la pasada década, una crisis que desembocó en medidas de austeridad que acabaron por inflamar la calle, como podría ocurrir de nuevo.
Instrumentos que se han demostrado válidos para la covid se mantendrán y se rechaza de plano la bajada generalizada de impuestos que parece ser la única receta que proponen PP, Cs y Vox y que debilita los recursos del Estado y por tanto el escudo social.
La síndica del PP, María José Catalá, considera que hay inacción en la falta de respuesta de Puig y sostiene que 12 de las 17 autonomías ya han tomado medidas para tratar de paliar la subida de los precios, incluso algunas gobernadas por el PSOE, asegura.
«Tenemos un marco complejo y complicado», admitió ayer el president, Ximo Puig, en las Corts. El presupuesto del Consell para 2022 se preparó para afrontar la recuperación. La hoja de ruta era que tras la pandemia llegaría el año de la vuelta a la normalidad y que la reactivación económica sería un hecho. Pero la invasión rusa de Ucrania, por parte de «un criminal», en palabras ayer Puig en las Corts, obliga a rehacer las cuentas y a un cambio de planes.
«Beneficiar a la mayoría»
«Hay una salida que no es perfecta, que tiene contradicciones pero que va a beneficiar a la mayoría y son de nuevo las medidas keynesianas», las de ampliar la capacidad de inversión y gasto del Estados para frenar la crisis, dijo el jefe del Consell ayer en una respuesta a la síndica de Unides Podem, Pilar Lima. Una vía en la que el Estado es clave en la redistribución de la riqueza y en la que tiene también capacidad para intervenir la economía, de forma que se evite que las elites se beneficien.
«La inflación es el germen del populismo y el caldo de cultivo de la ultraderecha», señala Puig. «Ha sido en la historia el virus que ha infectado Europa y bajar la inflación es el gran proyecto democrático», añade el jefe del Consell.
«Esta factura la tienen que pagar los que más tienen y vamos a actualizar el presupuesto, no puede ser de otra manera». Hoy mismo se van a publicar ayudas para al transporte y se estudiarán incentivos sector a sector. Puig cita como ejemplo el cerámico, que no podía recibir ayudas directas pero sobre el que se abre ahora la puerta a optar a ellas.
Otras ideas que baraja el Consell pasan por aumentar la renta de inclusión social y las ayudas a la pesca, agricultura, ganadería o sectores esenciales y vincularlas con medidas de ahorro energético o de eficiencia en edificios públicos, señala.
El plan del Gobierno de España ya recoge una parte sustancial de las propuestas que se remitieron desde el Consell a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asegura Puig.
Renovación de flotas
Las primeras ayudas serán para el transporte con 18,6 millones para renovar flotas de viajeros y mercancías y adaptarlas a los objetivos de la descarbonización. Y se mantendrá la fiscalidad progresiva porque una bajada generalizada de impuestos, como pide la derecha, está descartada.
Para Catalá la inacción del presidente y la lentitud con la que se toman medidas resulta exasperante.En su opinión, Puig es el federalista menos práctico. Catalá propone que 400 de los mil millones que se ingresan en impuestos de hidrocarburos y tasa eléctrica se destinen ya a ayudas directas a sectores afectados.
El conseller de Hacienda, VicentSoler, no entiende que la derecha pida ayudas para todos los sectores y defienda una caída de recursos públicos.
Cs exige una intervención rápida sobre los impuestos, un plan autonómico de ayudas directas y menos burocracia. Los socios, Compromís y Unides Podem, piden políticas valientes y que la factura la pague quien más tiene.
