Es un hecho empírico que la recta final de toda legislatura se embarra según se acerca la cita con las urnas. Y la segunda del Botànic no iba a ser menos. Cuando van a cumplirse tres años desde las últimas elecciones autonómicas (28 de abril de 2019) y a algo más de 12 meses para las municipales de 2023 que coincidirán, salvo sorpresa, con la cita autonómica, el panorama político valenciano se ha enturbiado. Y mucho.
Pero la situación no es nueva. Visto con perspectiva ya ocurrió lo mismo en el último año del primer mandato autonómico del tripartito de izquierdas. Hay un hilo conductor que identifica el momento actual con el de 2018, cuando el Botànic encaraba los meses previos a las elecciones.
Como entonces, el campo de juego se ha embarrado con denuncias que buscan que las decisiones judiciales ayuden a un cambio de ciclo político favorable en este caso a las alianzas conservadoras. Que la corrupción parezca igual en todas las orillas políticas y que se extienda la sensación de sospecha generalizada. Igual que ahora, el Botànic ya afrontó un vía crucis el último año de la primera legislatura con la losa de una investigación abierta por una supuesta financiación irregular de PSPV y Bloc (ahora Més), el principal partido de Compromís, como consecuencia de una denuncia del PP de 2016, que pese a que el recorrido judicial acabó en archivo llevó a abrir una comisión de investigación en las Corts.
Es lo que pide ahora el PP, que se indaguen en la cámara los dos frentes judiciales que se le han abierto a los principales representantes de PSPV y Compromís con la posible imputación de la vicepresidenta, Mónica Oltra, por un presunto encubrimiento de la conselleria a los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido, condenado a falta de un recurso al Supremo; y al hermano del president, Ximo Puig, por la justificación por parte de sus empresas de unas ayudas a la promoción del valenciano.
Aquella investigación, como las actuales, supusieron un balón de oxígeno para los populares que lograron munición contra la izquierda y extendieron la sombra de la desconfianza sobre sus rivales a un año de las elecciones. Ahora, también denuncias del PP y de la extrema derecha han abierto focos judiciales que ponen en jaque las expectativas del Botànic.
La reacción es el cierre de filas
Como entonces, la reacción de la izquierda es cerrar filas y argumentar que ni esto ni aquello tienen nada que ver con la «verdadera» corrupción, la de meter mano en la caja, que acechaba desde años antes a los populares y que acabó con muchos de sus cargos condenados o entre rejas.
En 2018, la corrupción estaba en el centro del debate. Realmente nunca dejó de estarlo. Los casos más graves afectaban al PP y por muchos intentos que la entonces cúpula autonómica de Isabel Bonig realizaba por desmarcarse de etapas pasadas, el estigma nunca les abandonó.
La traca final llegó con la sentencia de Gürtel en mayo de 2018, días después de la detención del expresidente Eduardo Zaplana, que llevó a la moción de censura contra Mariano Rajoy y a la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, donde sigue casi cuatro años después.
Aquel momento disparó a la izquierda, que se sentía ganadora. Las denuncias del PP se archivaron y el adelanto electoral sepultó la investigación parlamentaria.
Vox aún no había aparecido y nadie intuía que cuatro años después el PP le daría entrada en un gobierno autonómico, como ha ocurrido en Castilla y León; los populares afrontaban sus horas más bajas y Ciudadanos estaba en la cresta de la ola. Libre de cualquier caso de corrupción, Albert Rivera se sentía Emmanuel Macron. Y solo han pasado cuatro años.
