La «operación colegios» le costó a MAI en mordidas 1,8 millones de euros. Una cantidad despreciable si el pelotazo urbanístico hubiera salido como esperaban y no se hubiese visto truncado por la brutal crisis del ladrillo que empezó a dejarse sentir en 2008. La consejera de MAI Mónica Montoro fue la encargada de llevar los «costes de la operación», concepto que ya aparece incluso antes de que la Justicia cuantificase la deuda. La UCO sabe cómo se repartió el dinero porque al lado se anotaban las iniciales de los presuntos receptores. AG (Alfonso Grau), uno de los más activos como máximo responsable municipal en materia urbanística,1,2 millones de euros; NR (jefe jurídico, ya fallecido), cuyo informe plagado de presuntas irregularidades ‘validó’ cada acto administrativo durante todo el proceso, 360.607; a RR (Rafael Rubio), el único que podía haber puesto al descubierto la trama como jefe de la oposición, recuerda la jueza del caso Azud), 300.000; a JLV (José Luis Vera), ‘conseguidor’de la órbita socialista que logró sentar a Rubio a la mesa donde supuestamente se doblegó su voluntad, en septiembre de 2005, 158.000; y a cuñado (José María Corbín), 186.360 euros, por una operación, remacha la jueza «en la que no consta que tuviese intervención alguna, salvo por el hecho de ser cuñado de la alcaldesa».
