El conseller de Hacienda, el líder del PPCV y el presidente de las Corts (de los tres partidos valencianos más representativos a día de hoy) han levantado la voz en los últimos días por el problema de la financiación autonómica, ese fenómeno que hace que cada año el Estado destine por cada valenciano más de 200 euros menos que a un ciudadano medio español para atender los servicios públicos fundamentales. Se demuestra que el Botànic mantiene el tono reivindicativo en los foros estatales y en las grandes citas institucionales una vez que la reforma del sistema se vuelve a retrasar y que el PP, al margen de acciones conjuntas con el resto de partidos y entidades sociales, está preparado para hacer de este asunto uno de los ejes de su labor de oposición de aquí a las elecciones autonómicas de 2023. Otra cosa es lo que haya hecho en el pasado, pero de eso ya hablaremos.
Lo importante en este momento, en la recta final de la legislatura, es que el Consell de izquierdas ha visto cómo un pilar de su agenda de reivindicaciones desde 2015, la reforma del modelo de financiación de las autonomías, continúa (en las grandes líneas) como estaba entonces: aparcada. Con la diferencia de que desde 2018 quien gobierna en Madrid no es el adversario (PP), sino el hermano (PSOE y Unidas Podemos). Supondría por tanto un problema de credibilidad (en especial para el president, Ximo Puig, y su partido, el PSPV) llegar a la campaña de las próximas elecciones autonómicas sin nada estable en el zurrón de logros. Y más, si se tiene en cuenta que en este momento (y hay pocas expectativas de que el panorama cambie) la valenciana es la principal autonomía gobernada por un socialista.
El Gobierno central alega, y el valenciano admite, que es el que más se ha esforzado con este territorio en las últimas décadas. Es cierto. Los dos últimos años han existido fondos extraordinarios que han compensado el agujero financiero entre la C. Valenciana y el resto de territorios. Y los presupuestos del Estado se han acercado por primera vez en las inversiones territorializadas a ese 10,6 % que representa la población valenciana en el total de España. Cierto también.
¿Es suficiente? No, porque este mismo año no hay seguridad de que ese fondo extra nivelador pueda existir. Y lo mismo en el futuro. De no aprobarse una reforma de la financiación, que el Gobierno y el PP de Alberto Núñez Feijóo ya han mandado los mensajes por las vías habituales (prensa estatal de solvencia) de que no va a ser, el Consell de Puig necesita algo sólido con lo que presentarse a las próximas elecciones.
Puede ser la condonación de parte de la deuda histórica, que fue lo que el presidente de las Corts, Enric Morera, reclamó el sábado, en el día grande de la Cámara. Puede ser un compromiso del Gobierno (con la formalidad debida) de que pondrá los recursos extra necesarios a las comunidades infrafinanciadas (la C. Valenciana, Murcia y Andalucía, fundamentalmente) que las igualen con la media de España. Nada más. Lo justo.
Puig cuenta con el apoyo del presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, con el que pudo dialogar brevemente en su última visita a Sevilla. Pero ambos saben que el contexto es negativo en el ámbito estatal. Que ni el Gobierno ni la dirección del PP están por la labor. Les quedan pocos meses para labrar algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Si todo se queda igual, el líder del PPCV, Carlos Mazón, ya ha empezado a mostrar que morderá con este problema sin resolver después de dos legislaturas botánicas. No va a importar que el modelo de financiación esté caducado desde 2014 y que el PP de Rajoy haya estado en la Moncloa hasta 2018. No va a importar que este Gobierno haya dado algún paso más que el anterior, aunque estéril, como la presentación de un ‘esqueleto’ de sistema que se acerca (no es definitivo) a los criterios valencianos (la base para el reparto sería la población ajustada) y la recepción de las alegaciones de las comunidades. Pero ahí se ha quedado. Y el PPCV lo va a aprovechar, a pesar de los silencios de Feijóo. También Compromís, lógicamente. Es política. O es la que hay.
