Formación para que no se repitan casos de explotación y abusos sexuales a menores tutelados en centros de la administración. Pero también protocolos claros de detección, derivación y actuación en centros específicamente dedicados para la infancia.
Son las principales novedades del Plan de Acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes aprobado por unanimidad entre el Gobierno y las comunidades autónomas de todo color político.
Así lo han hecho público en una conferencia extraordinaria conjunta de los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, presididos por las ministras Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente. Ambas han coincidido que el acuerdo unánime "es una buenísima noticia" para el país en los tiempos que corren. El plan contará con financiación del Gobierno y de los fondos europeos y se extenderá a todos los profesionales de las CCAA.
En el documento se prevén medidas a corto y medio plazo. Una de las que tendrá impacto inmediato es la formación de profesionales que trabajen en centros de menores tutelados para evitar casos de explotación y abuso sexual. Además de esto, el Gobierno también aprobará "guías y protocolos de detección, derivación y actuación específicos para estos casos", según ha explicado la ministra de Igualdad.
"La sensación que tenemos es que muchas veces no hay una especialización y no somos capaces de detectar estos casos de violencia contra niñas y niños cuando se están dando", ha asegurado Montero. Por esto "hay que crear nuevos carriles de coordinación entre distintos agentes, con Fiscalía y Cuerpos de Seguridad implicados".
Medidas a medio plazo
Pero no solo se contempla formación y protocolos. A medio plazo, Gobierno y CC AA crearán centros y recursos específicos para atender a niñas y niños que sufran de explotación sexual. "Crearemos recursos especializados con trabajadores expertos y profesionales de primer nivel", apunta la ministra. Además, se construirá un plan "para la inserción social y educativa de estos menores". En esta línea, Montero ha remarcado que "la lucha contra la explotación sexual sigue sin estar completa en España".
Otra medida a la que se han comprometido Gobierno y autonomías es a que no haya niños menores de seis años tutelados en centros y a dar un impulso al acogimiento familiar como medida para "desinstitucionalizar" a los menores. Estas dos medidas no afectarían a la C. Valenciana ya que la prohibición de que los menores de 6 estén en centros ya se aplica en la actual ley de infancia y el acogimiento familiar es la primera vía para la tutela de menores.
Según datos de Igualdad, en la C. Valenciana hay unos 1.487 menores tutelados en centros y 4.034 en familias de acogida, la mayoría de estas familias extensas (un tío, o una abuela, por ejemplo).
La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha propuesto en la reunión extender estos recursos y protocolos de actuación a toda la infancia, ya que "este tipo de violencia se da en la mayoría de casos en ambientes familiares o de cercanía entre niños y niñas". Además ha reclamado que la Seguridad Social también reconozca a las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.
Centros contra la trata
El Gobierno ha anunciado también la creación de un servicio especializado para atender "a las niñas y adolescentes que sufren de trata y explotación sexual". "Son formas de violencia diferentes que tienen que ser tratadas diferentes; una adolescente que está sufriendo explotación sexual en un piso o es víctima de trata y ha perdido la documentación necesita un recurso específico donde quedarse", ha remarcado Montero.
En la C. Valenciana ya existe un recurso similar de atención a niños y niñas víctimas de abusos sexuales a través de los servicios municipales y del Servicio de atención psicológica a personas menores de edad víctimas de abusos de la Conselleria de Igualdad.
