Las comunidades energéticas locales (CEL) son una oportunidad para la sociedad de participar de manera proactiva en la generación y el suministro de su propia energía, proporcionando beneficios comunitarios, económicos, sociales y medioambientales. A pesar de los retos que aún quedan por superar, estas iniciativas constituyen una apuesta por la transición energética renovable, innovadora, descentralizada y democrática.
Estas son algunas de las claves del encuentro informativo organizado por Levante-EMV, bajo el título «Comunidades energéticas. Una oportunidad al alcance de todos», en el que participaron Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos; Júlia Company, directora del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace); Ximo Massip, cofundador de Impacte; Joaquín P. Mas, director general del Grupo Enercoop; Juan Sacri, presidente de Sapiens Energía; y Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana. Julio Monreal, periodista de este diario, fue el encargado de moderar el evento.
En España, hay 33 CEL. De estas, al menos ocho han sido impulsadas en territorio valenciano gracias a la iniciativa pionera del Consell de apostar por el autoconsumo, a la que ahora se suma la aprobación de un nuevo decreto para acelerar la implantación de instalaciones de renovables.
«Cuando empezamos a gobernar y hacemos un planteamiento de transformación del modelo productivo, uno de los ejes principales es la energía. En 2015, estábamos inmersos en la lucha contra el cambio climático. No tenemos un planeta B y, por tanto, pensábamos que era fundamental ir descarbonizando la economía», explicó el conseller Climent.
«En nuestro modelo, el 100 % del ahorro al recuperar la inversión es para el usuario»
El objetivo: una sociedad productora y consumidora de la energía al mismo tiempo. «Tenemos que ser ‘prosumidores’. Las comunidades energéticas ayudan a impulsar la producción de las renovables, desde el ámbito local, a crear puestos de trabajo y a que la pobreza energética sea mínima y fomentan la descentralización y democratización», subrayó Climent.
Como resultado, la Comunitat Valenciana es la que «más iniciativas está desarrollando» al respecto, «no solo a nivel de municipios, sino también de áreas empresariales», defendió Júlia Company.
De hecho, el pasado 29 de abril se cerró el plazo de solicitudes de ayudas para impulsar las CEL. «Hace dos años recibimos siete peticiones. El año pasado incrementamos el presupuesto a dos millones, con el que financiamos casi 50 proyectos, y ahora lo hemos subido a cinco millones y tenemos algo más de 90 solicitudes», destacó Company.
Además, la Conselleria de Agricultura dispone de otra partida para estos proyectos, junto a la del Ministerio de Transición Ecológica.
Con todo, el potencial energético, según el estudio que encargó el Ivace al Instituto Tecnológico de la Energía sobre el «Aprovechamiento fotovoltaico en la Comunitat Valenciana», es muy grande. En concreto, el documento señala que, con todas las cubiertas disponibles, «tenemos capacidad para generar 14.000 megavatios», mientras que el propósito del Consell para 2030 es de alcanzar los 6.000.
El desafío de la gran ciudad
Aunque las posibilidades son diversas, poner en marcha una comunidad energética local no es tarea fácil. Pueden estar promovidas, entre otros, por una cooperativa, empresas locales, vecinos del municipio o por un ayuntamiento.
Estos últimos constituyen «un elemento fundamental de impulso, ya que si muestran voluntad política de crear una CEL es más fácil que la ciudadanía se sume», sostuvo Company. Ximo Massip, por su parte, propuso aprovechar el asociacionismo valenciano y los «movimientos sociales que existen» para agilizar las iniciativas.
«Tenemos que ser productores y consumidores de la energía al mismo tiempo», subraya el conseller Rafael Climent
Para detallar experiencias de primera mano se encontraban en la mesa Juan Sacri, cuya cooperativa ha impulsado las CEL de Albalat dels Sorells, Alzira o Canet de Berenguer, y Joaquín P. Mas, uno de los promotores de la CEL en Crevillent, que cuenta con 11.000 asociados y su modelo se basa en el «pago por uso».
En este caso, detalló Mas, hay un agente «que actúa como financiador evitando la barrera que es la inversión económica inicial». Así, el promotor va recuperando lo que ha invertido con la colaboración, en forma de pago por su consumo, del receptor de una energía.
El director general de Enercoop valoró también el trabajo de la entidad que dirige Company. «De cada euro aportado, aproximadamente la mitad viene del Ivace», añadió.
«Las CEL ayudan a crear puestos de trabajo y a que la pobreza energética sea mínima»
Por otra parte, en alguno de los ejemplos de las comunidades impulsadas por Sapiens Energía, «los socios cooperativistas sí que hacen una aportación económica», afirmó Sacri. En concreto, son construcciones de 30 kilovatios que pueden agrupar entre 10 y 15 consumidores, y cada uno de ellos, por unos dos kilovatios, contribuye con 1.000 euros. «El 100 % del ahorro cuando se ha recuperado la inversión es para el usuario», indicó.
Asimismo, hay que considerar el volumen de consumidores al que la comunidad energética va a ofrecer suministro. «Un municipio de 400 habitantes, llenando todos sus tejados de placas solares, podría llegar a unos máximos del 95 % de cubrir sus necesidades», afirmó Massip.
En las grandes ciudades, como València, con una mayor densidad de población, «los porcentajes están entre el 10 y el 20 %». Por eso, insistió en que la transición energética «es mucho más que la fotovoltaica».
«Este año hemos subido a cinco millones las ayudas y tenemos algo más de noventa solicitudes»
Asesoramiento necesario
De igual modo, los promotores de las CEL se enfrentan al radio de suministro de 500 metros al que están sujetas. «Si fueran cinco kilómetros se podrían hacer pequeños parques solares, en modalidad agrovoltaica o aprovechando infraestructuras abandonadas, como una granja. Esto podría ser muy interesante», apuntó Ricardo Romaguera.
De cara al futuro, consideró Mas, la tarea principal estará en «gestionar toda la demanda» que se ha ido generando.
«Hay soluciones tecnológicas que lo permiten, pero el aislamiento no es la línea a seguir»
No obstante, en ninguna de estas opciones se promueve la desconexión del sistema o la promoción de las «islas energéticas». «Hay soluciones tecnológicas que lo permiten, pero no es la recomendación. El aislamiento no es la línea a seguir», reconoció Romaguera.
Desde el Clúster de la Energía, buscan la innovación a través de iniciativas como las comunidades energéticas agrovoltaicas. «Que la generación de energía no desplace la activada agrícola», defendió.
En este sentido, Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, intervino desde el público para ofrecer a las comunidades energéticas todos los datos disponibles «para que de verdad se instalen con conocimiento de causa y sabiendo dónde conviene emplazarlas».
Con todo, dejarse asesorar y poner en manos de expertos la gestión de las CEL se convierte en una pieza fundamental. «Nosotros mapeamos todos los tejados de las ciudades con las que trabajamos para entender cuáles son los más interesantes», apuntó Massip, quien detalló que en Picassent han desplegado una estrategia con la que ahorrarán hasta «un cuarto de millón de euros».
Las solicitudes de ayuda para estos proyectos se han multiplicado: de 7 en 2020 a las más de 90 de este año
De la importancia de la planificación y de generar estructuras, son conscientes en la conselleria de Climent, quien reconoció que la ausencia de un mapa desde el punto de vista de la protección del paisaje, que se pudiera sumar a la planificación medioambiental: «no ha resultado nada fácil».
A esto se suma que las directivas europeas al respecto todavía están parcialmente traspuestas al ordenamiento jurídico español y la falta de agilidad de la burocracia, en parte, por la necesidad de recursos humanos.
Una situación que desde la conselleria se sufre con «66 vacantes en energía» presupuestadas y un contrato con la empresa Tragsa para contar con «18 personas más». «Tenemos que apostar por esa energía de proximidad, distribuida, que haga bien a la sociedad, poniendo a las personas en el centro de todas las políticas», concluyó Climent.
«Mapeamos todos los tejados de las ciudades para entender cuáles son más interesantes»
Las cubiertas de fibrocemento
El aumento progresivo de las solicitudes de ayuda para impulsar iniciativas como las comunidades energéticas locales, que este 2022 han sido más de 90, es una muestra de la labor de la Conselleria de Economía Sostenible para lograr la transición hacia un modelo energético renovable.
Pero aún quedan retos por superar, entre ellos las cubiertas de fibrocemento, también conocido como uralita, que deben ser retiradas para poder realizar cualquier instalación de energía fotovoltaica en una cubierta.
«Aunque hay fórmulas para intervenir, no es lo lógico ni lo recomendable y eso conlleva una inversión adicional», apuntó Joaquín P. Mas, de Enercoop.
«De cada euro invertido en el proyecto, aproximadamente la mitad viene del Ivace»
El problema es que, por sus propiedades, el fibrocemento está presente en muchas de las cubiertas de las naves industriales o de las cooperativas y su sustitución supone un coste difícil de asumir.
«Estudiaremos las posibilidades que tenemos para ayudar a eliminarlas y que los costes puedan ser mínimos», reconoció el conseller Climent.
