La semana política valenciana viene marcada por dos palabras: tasa turística. Es así porque la semana anterior se vislumbró la fragilidad del acuerdo que los tres partidos del Botànic sellaron en diciembre pasado sobre este asunto, que se ha convertido en otro de esos iconos que marcan el devenir político local durante meses (y años) al mismo tiempo que van perdiendo contenido y derivando en marcas, símbolos, banderas…
La semana anterior se atisbaron las débiles bases del acuerdo porque la actual síndica socialista, Ana Barceló (no firmó el trato), marcó todas las distancias posibles con la tasa turística y creó intriga sobre el sentido del voto de su grupo cuando esta semana el pleno acometa la toma en consideración de la ley que incluye la famosa medida. Eso será el próximo miércoles. De momento, las palabras de la portavoz han generado días de alerta entre los socios de la izquierda (Compromís y Unides Podem), que han recordado lo pactado hace solo unos meses. La propia vicepresidenta del Consell y portavoz, Aitana Mas (Compromís), dio por hecho el viernes que la tramitación de la tasa seguirá adelante porque es un compromiso firmado.
Y así será. No habrá sorpresa monumental el miércoles en el hemiciclo valenciano. La dirección socialista «no va a no cumplir su palabra», aseguraba ayer un alto representante del PSPV a este diario. Apelaba a «la coherencia». Así, la ley de la tasa continuará adelante de cara a su aprobación, según lo firmado.
No obstante, el grupo del president Ximo Puig quiere que se visibilice su «consideración» de que no es el momento oportuno para la medida y ve posible introducir algún cambio durante el desarrollo parlamentario en la línea de acercarse al sector empresarial.
La dirección socialista no comparte la posición tajante de la patronal Hosbec y, aunque se aleja de la medida (reivindicada por las otras fuerzas del Pacte del Botànic), remarca que su aplicación será municipal: cada ayuntamiento decidirá si impone la carga a los turistas y qué destino da a ese ingreso. El PSPV entiende que debería revertir en mejoras turísticas, aunque en algún momento se planteó desde el Consell un uso para vivienda social.
En este sentido, la posición que medita la cúpula del partido de Puig es trasladar una indicación a los ayuntamientos gobernados por los socialistas para no aplicar la tasa. También estaría pensando en un pronunciamiento de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre este gravamen.
La posición del PSPV se encuentra encajada entre dos polos. Por un lado, ha de cumplir el acuerdo alcanzado en diciembre de 2021 por su entonces síndic Manolo Mata con los otros socios de la izquierda. Por otra parte, está la postura firme, al lado del sector empresarial y en contra de la tasa, del máximo responsable de Turismo, Francesc Colomer. Ha llegado a decir que lo acordado era un error. Los socialistas se aferran al carácter municipal que tendrá la norma cuando entré en vigor y, aunque admiten que el momento no es bueno para encarecer precios, se alejan de la posición fatalista de la patronal, a la que recuerdan que «nunca se había invertido tanto». Ponen como ejemplo el bono de turismo implantado durante la pandemia y que se pretende consolidar.
