Nueva jornada del juicio del caso Alquería, que sienta en el banquillo de los acusados a catorce personas por la presunta malversación en la contratación de nueve altos directivos entre 2015 y 2018, durante la etapa de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación de València. El primero en declarar ha sido el ex director de recursos humanos de Imelsa-Divalterra Vicente Javier D. G., donde llegó de 2015, a través de un proceso selectivo.

Cuando llegó ya había había tres altos directivos contratados, aunque no participó en la redacción de los contratos. "Se nos entregaban ya confeccionados, firmados para el expediente", ha explicado. Su área dependía de la gerente de Imelsa, Agustina Brines, de quien recibió "uno de los primeros mandatos: elaborar un protocolo o procedimiento de contratación de personal externo".

En su declaración ante el Fiscal Anticorrupción del caso Alquería, el testigo ha recordado que "hubo un problema con el contrato de Raúl Ibáñez, porque en vez de director de área ponía responsable de área. Ibáñez se dirigió a nosotros diciendo que había diferencia respecto a otros altos cargos, que iba a reclamar a su partido político para que eso se regularizara. Nos dijo: 'Soy amigo personal de Mónica Oltra, voy a llamarla y voy a solucionarlo inmediatamente". La diferencia en el contrato se "atribuyó a error administrativo, que había afectado a recursos humanos y pasó a ser director de área".

Preguntado por el organigrama de la empresa de 2016, el exdirector de recursos humanos ha señalado que "la distribución de las áreas de la empresa y la adscripción de carácter político. Era una circunstancia que nadie ocultaba, era de todos conocidos. Unos provenían del Partido Socialista y otros de Compromís".  

El testigo ha recordado uno por uno la adscripción de los altos cargos, a partir de un organigrama completado a mano con la procedencia de cada alto cargo. "Soledad Torija me dijo que era cercana a Compromís, Salvador Femenía manifestaba abiertamente que era alcalde y presidente de la mancomunidad de la Safor, el señor Carod me dijo que tenía que tenía amistad personal con Ximo Puig y que había trabajado en Blanquerías con el señor Lerma. El señor Ferri venia de Ontinyent, y mantenía relación de amistad personal con Jorge Rodríguez. Melero era teniente de alcalde por Compromís, y se ausentaba muchísimas veces de las oficinas por responsabilidades en Silla. Ibáñez presumía de que Mónica Oltra lo había llevado allí. No tengo constancia de que Castellote y Pellicer fueran del PP. A mi me ponen que soy de la oposición. Pero yo no soy de ningún partido político". 

El testigo ha confirmado que en ninguno de los nueve contratos hubo proceso de selección para ocupar estos puestos de trabajo. "En los expedientes laborales de estas personas no estaba ni el currículum, ni había convocatoria, ni bases ni nada, estaban vacíos". 

También ha confirmado que "el problema que hubo es que no fichaban. No respetaban las normas de control de presencia. Agustina Brines dirigió un correo recordando la obligación de registrar un horario. Todos fichaban menos los directores de área. Aunque algunos, como el señor Melero ,el primer fichaje fue de 2017. Y el resto comenzaron en enero de 2016. Los únicos exentos de la norma eran los gerentes".

Por último, ha confirmado un dato revelador. En una reunión del 18 de enero de 2018, para decidir cómo acometer dos nuevas contrataciones de altos directivos por cese de dos de los contratados, "el señor Cuerda pedía informes que avalaran las contrataciones porque así lo pedía el señor Rodríguez. Dijo que los contratos de 2015 eran ilegales y entre todos había que dar legalidad a esos contratos, poderes, para llevarlos al consejo de administración. La señora Brines discutió con él y abandonó la reunión llorando", ha recordado el testigo.