Seis de cada diez euros que ingresan los colegios privados procede de las arcas públicas

Los colegios privados valencianos se financian sobre todo con fondos públicos. En concreto, el 58 % de los ingresos de la educación privada en la C. Valenciana procede de subvenciones y transferencias otorgadas por las administraciones, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional del 57 por ciento.

Así se refleja en la Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la Comunitat destinó de media en el curso 2020-2021 unos 2.571 euros de dinero público por alumno escolarizado en un centro privado, menos que la media española con 2.632. 

De los 1.283 millones de euros que reciben la educación no universitaria privada en la Comunitat Valenciana, su mayor partida son los 755.870 millones de Ingresos por subvenciones públicas. La siguiente partida son los ingresos de los alumnos, con casi 500 millones de euros y después están los ingresos por las actividades docentes, con 332.335. 

Los gastos de la red concertada fueron de 1.251 millones, con lo que este sector ganó 31, 3 millones de euros en el curso pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de nueve millones menos que en el curso 2014-2015, último año en el que se hizo esta encuesta. 

Al mismo tiempo, los ingresos y gastos de explotación fueron menores en 2014 que en el curso 2020-2021, con 1.174 millones de ingresos corrientes y 1.134 de gastos, la mayoría en la ESO. 

Por tipo de titularidad, la mayoría de centros educativos son laicos y no concertados (440). Le siguen otros centros de titularidad privada como los centros laicos concertados (291 centros), los centros religiosos concertados (282) y los centros religiosos no concertados (52 centros). 

El total de alumnos en este tipo de centros en la Comunitat Valenciana es de 293.954, y uno de cada tres (102.238) son de educación primaria y 74.020 de ESO. Además de estos, hay 51.088 alumnos que estudian en universidades concertadas o en centros adscritos. 

Comparativa nacional

El peso de la financiación pública de los colegios privados valencianos un poco menor que la media nacional. En el total de España los colegios privados reciben unos 2.632 euros por alumno de media, 61 euros más que lo que se invierte en la Comunitat Valenciana.

Solo Melilla (2.604 euros), Aragón (2.559 euros), Asturias (2.520 euros), Castilla-La Mancha (2.511 euros), Andalucía (2.209 euros), Madrid (2.138 euros) y Canarias (1.687 euros) gastan menos que la media nacional. 

Por su parte, País Vasco (4.174 euros) y Navarra (3.607 euros) son las comunidades autónomas que más destinan a este tipo de educación, seguidas de Cantabria (3.577 euros), Ceuta (3.330 euros), La Rioja (3.291 euros), Castilla y León (2.938 euros), Islas Baleares (2.922 euros), Cataluña (2.906 euros), Extremadura (2.893 euros), Murcia (2.892 euros) y Galicia (2.726 euros).

Tendencia a la baja

Los anteriores informes del Instituto Nacional de Estadística refleja una tendencia a la baja en cuanto a la financiación pública de la escuela concertada. En el curso 2009-2010 (primer informe que se hizo), las subvenciones representaban 677 millones de los 1.057 de los ingresos totales. Es decir, suponían un 67 por ciento de todo el dinero. 

En el año 2015, cuando se hizo la segunda Encuesta de Financiación y Gasto de Enseñanza Privada, la principal partida de ingresos seguían siendo las subvenciones públicas, aunque se habían reducido a 668 millones de 1.174 millones de ingresos totales. Entonces representaba el 56,8 %. Seis años después de esa encuesta el porcentaje es similar. 

A nivel nacional, la educación privada obtuvo un resultado de explotación de 756 millones de euros durante el curso escolar 2020-2021, un 27 por ciento más que en el curso 2014-2015, cuando se realizó la edición anterior de esta encuesta.

A la hora de interpretar los resultados, el INE aclara, en todo caso, de que debe tenerse en cuenta que pueden estar afectados por la atípica situación del año 2020, causada por las restricciones de movilidad debidas a la pandemia de covid-19.