El Gobierno pide retirar una cruz franquista del cementerio de Caudiel

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno asegura que «se dirigirá al órgano competente en materia de Memoria Democrática de la C. Valenciana para determinar las actuaciones» sobre la retirada de una cruz con simbología franquista en la localidad de Caudiel. 

El Gobierno también asegura que instará a actuar a la Generalitat Valenciana sobre un acto de extrema derecha celebrado en el municipio de esta localidad, lugar donde figura la tumba que porta la simbología franquista. 

Así figura en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet, que preguntó al Ejecutivo sobre estos temas. En su primera notificación explica que «en el cementerio de Caudiel, de acceso público, existe una cruz de exhaltación franquista dedicada a José Antonio Primo de Rivera, que vulnera lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática». 

Ley de Memoria Democrática

El Gobierno se ciñe a la ley aprobada el pasado día 19 de octubre de Memoria Democrática, en la cual establece que «serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática aquellos en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva de la sublevación milita y de la Dictadura ,de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura». 

Además de esto, el ejecutivo matiza un aspecto clave de la ley, y es que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones opersonas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación». 

El Gobierno también cita la ley de memoria democrática de la Comunitat Valenciana del año 2017, en la que «considera elementos contrarios a la Memoria Democráctica y la dignidad de las víctimas aquellos realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936, del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron la dictadura». 

El texto considera que debe ser la Generalitat Valenciana «quien adopte las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los mismos», primero voluntariamente, y si no es por esa vía, es competencia del Instituto Valenciano de Memoria Democrática y de las administraciones valencianas de poner multas en función del incumplimiento.