El Gobierno ve inconstitucional que el Consell contemple contrataciones temporales con dinero para inversiones

El Ejecutivo central lanza un aviso a la Generalitat y abre una bilateral para negociar cambios en un artículo de la ley de presupuestos y evitar un recurso ante el TC

Pedro Sánchez y Carlos Mazón, junto a otras autoridades, tras el incendio del edificio de Campanar.

Pedro Sánchez y Carlos Mazón, junto a otras autoridades, tras el incendio del edificio de Campanar. / Biel Aliño/EFE

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

El Gobierno y el Consell han constituido una comisión bilateral de cooperación para "resolver las discrepancias" entre ambas administraciones en relación a un artículo de la ley de Presupuestos de la Generalitat que Moncloa ve inconstitucional, según publica este miércoles el DOGV.

Se trata de un procedimiento relativamente habitual que se produce cuando la Abogacía del Estado detecta alguna posible vulneración de la carta magna en normas autonómicas. Con el Botànic sucedió en diversas ocasiones. En esos casos, antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, se lanza este aviso y se activa una mesa de diálogo en busca una salida pactada, que suele ser el desenlace más habitual.

El motivo de disputa es el artículo 37 de la ley de Presupuestos del Ejecutivo valenciano para 2024, en el que se contempla la contratación de personal temporal "con cargo a los créditos de inversiones". En la resolución del diario oficial, firmada por el secretario autonómico de Presidencia Cayetano García, se informa del acuerdo para crear la bilateral e "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con el artículo 37" de esa ley de Presupuestos.

Acuerdo o tribunales

Para ese debate, cada parte debe designar un "grupo de trabajo" que propondrá "la solución que proceda" en un plazo de seis meses. La ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 33, estipula un plazo de hasta nueve meses para interponer ese recurso de inconstitucionalidad. Pero para "evitar" acabar en los tribunales, se plantea la vía de la comisión negociadora, que deberá elevar sus acuerdos al TC.

El artículo cuestionado por Moncloa permite a las conselleries y a los organismos autónomos de la Generalitat formalizar durante este ejercicio "contratos laborales de carácter temporal con cargo a los respectivos créditos de inversiones", aunque con ciertos requisitos.

Por ejemplo, que el alta laboral "tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones", que "tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los presupuestos vigentes" o que "no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantlla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal".

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