Tribunales
Un exjefe de gabinete apunta a De Miguel y Camps por los contratos de la Gürtel
La Fiscalía alcanza un mínimo de nueve conformidades de los 26 acusados en el juicio por los contratos menores que se celebra a partir del 23 de enero
Francisco Camps y Alicia de Miguel en una imagen de 2003, en un pleno de las Corts. / EFE/Manuel Bruque
La Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado alrededor de nueve conformidades entre los 26 acusados por los contratos menores de la Generalitat con la trama Gürtel que se sentarán en el banquillo a partir del 23 de enero.
El último en sumarse a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción es Enrique Navarro, el exjefe de gabinete de la exconsellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, quien admite haber cometido un delito de prevaricación al «ejecutar las decisiones adoptadas por la consellera en relación con las contrataciones por ella decididas en relación con la empresa Orange Market», la sucursal valenciana de la Gürtel en València.
Navarro admite ante la Fiscalía que la consellera «me llamó a su despacho donde me presentó a Álvaro Pérez» a quien iban a contratar para «potenciar la imagen de las políticas de la consellería en materia de mujer y lucha contra la violencia de género». Álvaro Pérez ya era entonces un «habitual» entre los actos del PP y otras conselleries de la Generalitat, donde se introdujo a partir de 2004.
Otra razón política admitida por Navarro en su escrito de confesión es que la contratación con Orange Market era «una manera de congraciarse con el presidente [de la Generalitat, Francisco Camps], en un momento muy tenso de las relaciones entre los campsistas y zaplanistas». La consellera Alicia de Miguel estaba adscrita en este segundo grupo, de hecho fue portavoz del Consell presidido por Eduardo Zaplana de 2000 a 2003. Con Camps ocupó la cartera de igualdad de 2003 a 2007.
La exconsellera Alicia de Miguel ha sido procesada en este juicio por tres contratos menores con la trama Gürtel: la presentación del «Plan de medidas del Gobierno valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres 2005-2008» celebrada el 6 de marzo de 2006, la presentación de la Fundación Tolerancia Cero el 25 de enero de 2007 y el acto «Balance general» organizado el 24 de abril de 2007. Todos los contratos tuvieron un coste de 70.224 euros, aunque fueron convenientemente troceados por debajo de los 12.000 euros para evitar convocar un concurso y adjudicarse de forma directa.
Al respecto, su exjefe de gabinete señala en su escrito de confesión que fue la consellera quien le indicó que «era urgente la tramitación de la contratación con Orange Market por lo que no se formalizó un expediente de contratación al efecto, tal y como establece la ley de contratos de las administraciones públicas».
Petición de documentación para el juicio
La defensa de Alicia de Miguel solicitó a la Conselleria de Igualdad, a través de la Audiencia Nacional que se incorporaran a la vista «el número total de los contratos menores, la cantidad total adjudicada y el porcentaje que supusieron respecto al total» desde el 21 de junio de 2003 (cuando sustituyó a Rafael Blasco) hasta el 29 de junio de 2007 (cuando fue relevada por Juan Cotino) y que suman un total de 45 contratos en trabajos de publicidad, comunicación, presentación de actos y eventos.
La exconsellera también reclamaba que se certificara «el número de contratos menores adjudicados a las empresas Orange Market SL, Easy Concept SL, Servimadrid, SL o Diseño Asimétrico [empresas de Francisco Correa] y el importe total de los mismos», según el auto de admisión de pruebas del juicio dictado el 10 de noviembre de 2021. Con la evidente intención de demostrar que no recurrió masivamente a las empresas de Francisco Correa.
La confesión de Navarro se suma a la de otros cargos intermedios de la Generalitat que intervinieron en la contratación de Orange Market y que eran los más perjudicados en esta causa ya que la Fiscalía solicitaba para ellos de tres a seis años de cárcel. Los máximos responsables políticos como los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera "sólo" se enfrentan a penas de inhabilitación de siete a nueve años. El expresidente de la Generalitat se enfrenta a una petición pena por la Fiscalía Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel.
La conformidad con la Fiscalía suele conllevar una reducción de penas que evitan la entrada en prisión al reducirla al mínimo. En el caso de Navarro consigue que la condena se reduzca a tres años de inhabilitación y limitada a cargos de libre designación. De ahí que también se hayan sumado los cabecillas de la trama Gürtel como Francisco Correa y Álvaro Pérez, que también han admitido los hechos.
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