Las mujeres sostienen el sistema de la dependencia con ayudas a la familia por menos de 400 euros

Uno de cada cinco hogares valencianos tiene una persona con discapacidad. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que son unos 490.000. Cifra a la que se suman las personas mayores. En la Comunitat Valenciana hay más de un millón que superan la barrera de los 65 años, de los que la mitad tiene más de 75.

La mayoría de estas personas (que suman en torno a un millón entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes son mayores de 75 años) están cuidadas por alguien del entorno familiar y podrían solicitar la ayuda a la Dependencia, una normativa pensada para ayudar a aquellos ciudadanos que tienen cargas familiares importantes.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no da a conocer quien ha solicitado la ayuda pero sí quien la recibe ya. En la actualidad, 135.154 personas reciben algún tipo de prestación o servicio vinculado a la ley de Dependencia, una normativa que entró en vigor en diciembre de 2007 y que no fue una opción real en la Comunitat Valenciana hasta la entrada del Botànic I, en 2015. Es más, el 62 % de las ayudas las concentra la prestación de cuidados en el entorno familiar, lo que significa que la Administración le da un dinero al familiar por cuidar (o para que cuide) a la persona dependiente. Además, el 89% de los cuidados recaen sobre las mujeres. Y así, una medida que estaba pensada como excepcional se ha convertido en la norma en la Comunitat Valenciana.

Servicio o prestación

Por ello, el cuidador tiene rostro de mujer. Con ayuda a la dependencia o sin ella. La ley de la Dependencia oferta una cartera de prestaciones y servicios. Así la Administración o entrega un dinero a la familia (prestación) o le proporciona un servicio (teleasistencia o plaza en una residencia o un centro de día). En teoría, la persona (o el familiar) decide qué necesita.

En la práctica, los servicios sociales les orientan sobre qué ayuda es mejor, más efectiva o está disponible. Y la ayuda estrella de la ley de la Dependencia en la actualidad es la prestación de cuidados en el entorno familiar. Eso supone que las familias reciben o unos 150 euros, si el familiar está valorado con grado 1 de Dependencia; 260 si es grado 2; o 380 si es grado 3. Así, son las mujeres quienes sostienen el sistema de la Dependencia.

Se da la paradoja de que una ley diseñada para mejorar la calidad de vida de los cuidadores y profesionalizar una atención necesaria que permita que la persona dependiente viva en comunidad y solo se vaya a una residencia cuando sea necesario se aplica en la Comunitat Valenciana con la mujer cuidadora como eje principal por una ayuda que no supera los 400 euros.

De hecho, distintos informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales critican la dependencia «low cost» de la Comunitat Valenciana por basarse en cuidadores familiares, que son, en definitiva más baratos para la administración, ya que la ayuda al asistente personal, que es una atención profesionalizada, es una prestación que supera los 2.000 euros al mes.

Cambios en el decreto

La llegada del primer Botànic supuso un cambio en la aplicación de la ley y cuando el segundo atravesaba la parte final de su legislatura, la Conselleria de igualdad y Políticas Inclusivas anunció cambios para mejorar el sistema y centrarlo en que la atención sea profesional para una persona dependiente que se quede en casa siempre que sea posible.

El verano pasado la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas publicó la modificación del Decreto 62/2017, que cambia el reconocimiento del grado de dependencia y supone un cambio en muchas prestaciones del catálogo para garantizar la «elección real» de prestaciones por parte de la persona. El decreto vela por la libertad de elección del ciudadano, de forma que sea la persona quien decida qué ayudas prefiere.

Además, podrá combinarlas en función de las horas que tenga. Por ejemplo, se podrá tener plaza en un centro de día pero también estar cuidado por una persona del Servicio de Atención a Domicilio. La modificación del decreto marca un aumento del 33 % para los cuidadores profesionales.