El juez de control pide explicaciones al CIE de Zapadores por "espiar" las visitas a los internos

El juzgado de instrucción n.º 3 de València - el encargado del control de la estancia de los extranjeros en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València - ha incoado un expediente en el que reclama a la dirección del CIE que informe sobre "el modo de proceder de los agentes", a raíz de varias denuncias presentadas por la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento y el fin de las deportaciones (CIEs NO).

Los policías, "justificándolo por 'motivos de seguridad', no permiten el cierre de la puerta ni se alejan de la sala de visitas, a pesar de que las personas acompañantes se lo han pedido reiteradamente asumiendo el supuesto riesgo. Incluso han intervenido, sin que nadie lo solicitara, en las conversaciones privadas entre acompañantes e internos" denuncia la campaña CIEs NO.

También reivindican en su denuncia que situaciones similares tienen que sufrir las y los profesionales del Servicio de Orientación Jurídica en el CIE del Colegio de Abogados de Valencia.

El pasado 15 de julio, los servicios jurídicos de la Campaña denunciaron ante el juzgado que la policía había "espiado la visita" a uno de los internos y expulsó a las personas de la Campaña con quienes se estaba entrevistando.

El 22 de junio, un agente, "que había estado de forma permanente en la puerta de acceso, interrumpió de forma brusca el encuentro y les indicó que su 'superior' había dado la 'instrucción' de que 'se habían finalizado las visitas'", según cuentan.

También consta en la denuncia que "al dirigirse a la salida, las dos personas acompañantes fueron interceptadas por la mayoría de los agentes de ese turno, incluido el jefe. Ese mando comenzó a verter todo tipo de acusaciones contra las personas que entran al CIE a realizar acompañamientos. Les acusó de 'calentar la cabeza a los internos' y afirmó que el agente que vigilaba la visita interrumpida había oído que las personas acompañantes le habían dicho al interno que 'la policía es racista'".

Las personas de la Campaña rechazaron las acusaciones, especialmente la versión de que habían acusado a la policía de ser racista. A la vista de que no se podía aclarar la situación y reanudar las visitas, se marcharon del CIE.

Explicaciones

El juez resolvió la denuncia de la Campaña comunicándole al CIE que “dado el carácter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ningún tipo de las conversaciones que puedan escuchar entre ellos [internos y acompañantes]”.

Pese a todo la campaña denuncia que "se ha hecho caso omiso de la resolución judicial ya que la policía no solo continúa espiando las visitas sino interviniendo en las entrevistas". Por eso se presentó una nueva denuncia el 8 de febrero en la que se adjuntan fotos de la posición de los funcionarios durante las visitas.

Según las fotos hechas públicas por CIEs NO, se puede observar que los policías se sitúan de espaldas a la puerta abierta de la sala, lo que, según ellos no garantiza la “seguridad” que argumentan para mantener esa ubicación, pero les permite escuchar las conversaciones.

En la denuncia se solicita que los policías se sitúen al otro lado del pasillo -junto a la pared de enfrente de la sala- lo que les permitía “un control visual del interior de la habitación y la distancia garantizaba la privacidad de la entrevista”. El mismo día que se presentó esta denuncia, el juez acordó solicitar explicaciones al CIE sobre la actuación de la policía durante las visitas a internos.

Preservar la intimidad del interno

Según denuncia CIEs NO, esta forma de proceder de la policía infringe normativas que obligan a reconocer los derechos de las personas internadas a que “sea preservada su dignidad y su intimidad”, a “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales” y a comunicarse con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, “derecho que sólo podrá restringirse en virtud de resolución judicial”.

Estos derechos ya fueron reconocidos -a instancias de la Campaña- en 2011 por el juzgado de control del CIE de Zapadores. En el auto de aquellas fechas, el juez destacó que las ONG que asisten a los internos “superan el mero concepto de visitas de apoyo” y son “quienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protección de los inmigrantes internados”; por tanto, solicitaba a la dirección del CIE que estableciera para las ONG un sistema de visitas y comunicación similar al de los abogados personales de los internos”, a quienes supuestamente se les garantizaba la total reserva de la entrevista.

La Campaña critica que este proceder de la policía "se suma a las constantes vulneraciones de sus derechos que sufren las personas privadas de libertad en los CIE sin haber cometido ningún delito. Únicamente son culpables de una infracción administrativa cometida en contra de su voluntad: no disponer de permiso de residencia".

Este tema y otros como la falta de un protocolo de prevención de suicidios, o las deficiencias en la atención sanitaria serán abordados en una reunión con Delegación del Gobierno el próximo 21 de febrero.