Gabriela Bravo: "No creo en un feminismo que para proteger mejor a las víctimas baja las penas a los violadores"

La vista desde el despacho se escampa hasta la Calderona. La mesa acumula carpetas y papeles, asuntos pendientes de un final de legislatura intenso tras ocho años al frente de la Conselleria de Justicia, departamento que ha tenido un papel protagonista en todos los debates sobre feminismo y derechos de las mujeres.

Ha incidido en los últimos meses en medidas para abolir la prostitución, pero ¿es viable esa estrategia cuando sus socios de Gobierno muestran reparos?

Si no lo viera viable, no lo hubiera iniciado. Lo más importante es que en 18 meses que llevamos trabajando desde el Foro por la Abolición de la Prostitución hemos conseguido visibilizar un problema que como sociedad nos debería avergonzar. Creo firmemente en que un día será posible erradicar la prostitución, no sé si será en este Gobierno o en los próximos, pero no hay que abandonar nunca la lucha.

El CIS señala que un tercio de la población española no condena la prostitución.

Es un problema, porque tradicionalmente nos acostumbramos a convivir con ella. Si entráramos a comprobar las condiciones de las mujeres prostituidas veríamos la realidad del drama. La prostitución es un gran negocio, con muchos intereses y que enraiza directamente con la desigualdad. Y lo peor es que lo hemos acabado aceptando.

¿Multando a los clientes se puede acabar con ese sistema?

No es suficiente con medidas sancionadoras, es necesario un plan para ayudar a las mujeres a construir un proyecto de vida. Por eso es tan importante una ley integral. Con la ordenanza abolicionista, cada ayuntamiento se compromete a llevar a cabo un plan de apoyo y recuperación de las mujeres.

¿Está satisfecha con la respuesta municipal?

Me hubiera gustado que fuera más amplia, pero el escaso número de municipios que tienen aprobada la ordenanza no es por falta de compromiso ni por negar el problema, sino porque han priorizado otras cuestiones. Ahora hay un número importante de ayuntamientos que están ya tramitando la ordenanza. Como no hay una ley estatal integral, queremos avanzar todo lo posible desde nuestras competencias con los ayuntamientos.

¿Por qué cree que las otras fuerzas de izquierda se resisten a estas medidas?

No lo comprendo, no tengo explicación para justificar esos posicionamientos que, en ocasiones, son negacionistas. Separar la trata de la prostitución es obstaculizar la resolución de un problema porque la trata encuentra su marco regulador a través de la prostitución.

Sin embargo, volviendo a la propuesta que está en las Corts, los socios critican que es exclusivamente punitivista.

Las 100 medidas que se aprobaron en el Foro para la Abolición están publicadas, igual es que no se lo han leído. No es un planteamiento apresurado ni caprichoso. Se estuvo casi un año trabajando. Fruto de ese trabajo salen todas estas medidas e, insisto, no hay que quedarse exclusivamente en las sancionadoras. Hablar de ley seca y comparar el consumo de alcohol con el de sexo pagado me parece muy preocupante; es desconocer el drama que hay detrás.

¿Le frustra que acabe la legislatura y no haya avanzado más?

Hemos avanzado, aunque me hubiera gustado poder consolidar todo el proyecto. Insisto, un proyecto integral.

De punitivismo también se habla ahora con la ley del ‘solo sí es sí’, ¿se está centrando mucho el foco en las penas?

Es momento de adoptar las medidas necesarias para evitar efectos no deseados en el futuro y pasar página. Centrarnos en seguir incendiando el debate no ayuda a las víctimas. Más allá de las revisiones de condenas, también es importante hablar de que la ley supone un cambio fundamental en la protección y el acompañamiento de la víctima.

¿Cada día que pasa sin reformarse esa ley es un error?

Ya me he pronunciado en muchas ocasiones y he mantenido que se tenía que haber actuado con la máxima rapidez y, sobre todo, aceptar el error, tener capacidad de pedir perdón y de actuar con más humildad. No se puede contestar atacando a otros poderes del Estado.

¿El conflicto en las izquierdas en temas feministas como la ley del ‘sí es sí’, la trans o la prostitución es un choque generacional?

No lo creo, son miradas diferentes dentro de una sociedad plural. En mi caso, no me siento identificada con esa clase de feminismo posmoderno que para defender los derechos de un colectivo muy vulnerable propugna el borrado del concepto de sexo y se lleva por delante todos los logros de la lucha feminista o pone en grave riesgo a los menores generando además gran inseguridad jurídica. El colectivo Lgtbi ha de tener sus derechos garantizados, pero el derecho a la autodeterminación no es un derecho absoluto. No me siento identificada con un feminismo que niega la pobreza y la violencia del sistema prostitucional. Ni creo en un feminismo que para proteger mejor a las víctimas de agresiones sexuales baja las penas a los violadores. Yo creo en la lucha feminista que consiguió el voto de la mujer, que está rompiendo barreras y techos de cristal para una sociedad más libre e igualitaria.

La mayor desigualdad es la violencia machista. En 2022 se vivió un final de año negro, ¿faltan recursos o qué falla?

El problema de la violencia de género nos afecta a todos. No podemos residenciarlo exclusivamente en el ámbito judicial, porque perdemos la perspectiva, pero claro que podemos mejorar. Me preocupa que el 40 % de las mujeres asesinadas en 2022 había denunciado.

Entre los cambios está la agrupación de juzgados especializados de violencia de género, que ha recibido críticas.

El actual sistema con unos juzgados exclusivos y el resto mixtos ha generado una justicia de primera y segunda y muchas disfunciones. Mi apuesta es consolidar una jurisdicción especializada que trate la violencia de género y donde todo el personal cuente con experiencia y formación acreditadas. Pero en algunos territorios se han de agrupar juzgados porque el número de asuntos en ese partido judicial es muy reducido. Hemos jugado con dos parámetros: que la víctima no quede a más de 40 kilómetros y que el nuevo juzgado no tenga una excesiva carga de trabajo.

Lleva casi 8 años, ¿se ve con ganas de una tercera legislatura?

Lo que me ocupa y me preocupa es seguir gestionando lo mejor posible para que la C. Valenciana siga avanzando en derechos. No me da la vida para pensar qué voy a hacer en el futuro.

¿Qué recomendaría al ‘president’ para volver a serlo?

Creo que no necesita muchos consejos. Le recomendaría que siguiera la línea que adoptó desde el primer momento marcada en el diálogo y la búsqueda de consensos.

¿Teme las consecuencias del caso Azud sobre el PSPV?

Hay que llamar a las cosas por su nombre y Azud es un caso de corrupción que se generó en el Ayuntamiento de Valencia gobernado durante más de 20 años por Rita Barberá y donde están investigada su familia y las personas de su gabinete más próximo. Hay una ramificación que puede afectar a personas vinculadas al PSOE y tendrán que responder. Ahora bien, intentar convertirlo en un caso del Gobierno de Ximo Puig es engañar a los valencianos. En política no vale todo.

¿La política está demasiado judicializada?

Llevamos muchos años viendo cómo problemas políticos han acabado siendo judicializados y eso provoca una disfunción importantísima.

¿Asume el papel de ‘poli’ malo en la parte socialista del Consell?

No me considero la poli mala, lo que me considero es muy fiscal. En mi forma de ser pesa mucho mi formación y, sobre todo, mi vocación como fiscal. Cuando defiendo los proyectos en los que creo lo hago con toda la pasión.

¿Le dolió la salida de Oltra del Consell o hizo lo que debía?

Respeto la decisión que adoptó y, por supuesto, en el ámbito personal, no le deseo a nadie que pase por situaciones tan críticas como las que pasó ella.

¿Ha cambiado el funcionamiento del Ejecutivo tras la salida de la exvicepresidenta?

La incorporación de la vicepresidenta [Aitana] Mas le ha dado al Consell un aire de frescura, un impulso diferente. Es una persona muy dialogante y abierta, que sabe escuchar ,y eso facilita la adopción de acuerdos.

El requisito lingüístico en la Administración ha sido uno de los últimos grandes acuerdos del Consell.

Me siento muy orgullosa de haber logrado junto a la consellera Raquel Tamarit un muy buen pacto que nos permite acabar con esa mirada de que el valenciano es un problema en la Administración. El idioma es un derecho en una comunidad bilingüe y el sistema educativo tiene que garantizar ese conocimiento adecuado para que al acabar el periodo formativo se pueda afrontar una oposición.

¿Los sanitarios son una línea roja con el valenciano?

El ámbito sanitario es mucho más complejo porque hay mucha confluencia de personal que viene de otras autonomías.

La justicia se enfrenta ahora a una huelga de letrados. De sus declaraciones de desprende que entiende que el ministerio podía haber hecho más.

Cuando dos partes están enfrentadas y ello provoca la paralización de un servicio público esencial como la justicia, es imprescindible sentarse a dialogar. Los efectos de la huelga son muy graves. El ministerio ha tardado demasiado para sentarse a escuchar, dialogar y buscar soluciones. El exabrupto o la prepotencia nunca pueden ser la respuesta.

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