La cita entre Zaplana y el juez en 1999 coincidió con la denuncia del IVEX

La cita del 23 de noviembre de 1999 entre el presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y el presidente de la Audiencia de València Pedro Castellano, que aparece en la agenda privada del exjefe del Consell, como ayer informó Levante-EMV, coincidió en el tiempo con la denuncia del primer caso IVEX (Instituto valenciano de la Exportación). Zaplana (presidente de la Generalitat 1995-2002) y Pedro Castellano (presidente de la Audiencia de València 1999-2010) volverán a encontrarse en el juicio del caso Erial que sentará al exjefe del Consell en el banquillo. El juicio estará presidido por Castellano que también es el ponente provisional de la sentencia, a la espera de que se instruya el incidente de recusación presentado por un abogado de la defensa contra el magistrado José Manuel Megía Carmona, compañero de Castellano en la sección cuarta y designado el primer ponente del caso Erial.

Zaplana tenía en su agenda privada una cita en 1999 con el magistrado que lo juzgará

Del encuentro entre Zaplana y Castellano el 23 de noviembre de 1999, Levante-EMV informó en un breve que sirvió para hablar sobre las obras de la Ciudad de la Justicia de València, según declaraciones de Pedro Castellano, que se iniciarían ocho meses después. Del encuentro no consta ninguna imagen gráfica. 

La sección cuarta de la Audiencia designa a Pedro Castellano ponente de la sentencia del caso de Zaplana

Siete días antes, el 16 de noviembre, el Instituto valenciano de la exportación (IVEX) presentó la querella en el juzgado de guardia contra el exdirector de la entidad José María Tabares, por un presunto delito societario. De la representación de la entidad pública se encargó al despacho de abogados Garrigues Andersen. 

Carmen de Miguel, que sustituyó a Tabares en la dirección del IVEX, ofreció una rueda de prensa el 17 de noviembre de 1999 en la que cifró el quebranto patrimonial a la entidad pública provocado presuntamente por Tabares en 1.331 millones de pesetas, por las operaciones no autorizadas con el grupo francés Lagier para realizar operaciones comerciales en Túnez. 

La denuncia del IVEX contra su exdirector fue una huida hacia adelante. Una especie de voladura controlada de la crisis, por la vía de acudir al juzgado, tras descubrir el «agujero» de los avales. Un pastel del que el IVEX asegura que se enteró cuando en septiembre de 1999 recibieron un fax bancario en el que se exigía al instituto el cobro de una primera letra por valor de 70 millones de euros. 

La Generalitat se jugaba mucho en este caso. Desde el punto de visto económico (la devolución de los 1.300 millones en avales) y de la imagen que proyectaba el proyecto del IVEX [creado por el Gobierno de Zaplana en sustitución de la entidad socialista Procova (Promociones de la Comunitat Valenciana)]. 

«Parcial sesgada y temeraria»

La instrucción del primer caso IVEX (el segundo sería el de los pagos en «b» al cantante Julio Iglesias) recayó en el Juzgado de Instrucción 15 de València. Casi un año después, el 31 de octubre de 2000, el titular de este juzgado decidió dar carpetazo al asunto al considerar «parcial, sesgada y temeraria» la querella presentada por la Generalitat. El magistrado decidió archivar el asunto al considerar que las acusaciones contra el exdirector José María Tabares y el empresario Jean Luc Lagier «no son hechos constitutivos de infracción penal alguna». El juez admitía que existía el agujero contable pero señalaba que «no es fruto de una actividad delictiva sino de múltiples acciones y omisiones de los órganos de gobierno de la sociedad», aseguró en referencia al consejo de administración presidido por los sucesivos consellers de Industria: Diego Such (1995-1999) y Fernando Castelló (1999 a 2003), éste último también investigado en el caso Erial, aunque se le juzgará en una pieza separada en Castelló.  

El caso IVEX fue reabierto el 8 de abril de 2001 por la sección cuarta de la Audiencia de València (en la que aún no ejercía de magistrado Pedro Castellano). Finalmente el Juzgado de Instrucción 15 abrió juicio oral a Lagier y Tabares «por imperativo legal». En todos estos trámites la Generalitat logró su objetivo. Al adelantarse a presentar la querella logró invertir los términos: se presentó como perjudicado para evitar que le reclamaron el agujero de 1.331 millones. 

Tabares y Lagier fueron juzgados en 2005 por la sección quinta de la Audiencia de València que los condenó a cinco años de cárcel por estafa y falsedad. Una condena ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2006. Tabares nunca llegó a entrar en prisión al huir a Japón, que no tiene convenio de extradición con España. Denunció haberse sentido «indefenso» especialmente por «el pacto secreto entre el IVEX y los bancos» que reclamaban los seis millones de euros pagados en avales. En varios procesos civiles iniciados por las entidades bancarias paralelos a la querella penal iniciada por el IVEX, algunos juzgados de primera instancia les dieron la razón, pero la Audiencia de València también revocó sus sentencias.  

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